Gabinete en Jaque: Jiménez y Cateriano serían interpelados

Los audios de la reunión entre el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor; el exagente del Perú ante la CIDH, Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojjasi -del caso Chavín de Huántar-; y el expresidente de la Corte Suprema, César San Martín, han terminado por complicar a casi todos los implicados.

Los primeros que sufrirán el remezón político serán el Primer Ministro y el titular de Defensa, pues desde el Congreso de la República ya se prepara una interpelación y hasta una acusación constitucional en su contra.

Al respecto, el congresista del APRA Javier Velásquez Quesquén anunció que su bancada ya viene preparando una moción de interpelación contra Jiménez y Cateriano.

"Pero sin perjuicio de ello, simultáneamente, se les va a plantear una acusación constitucional y la denuncia penal respectiva", explicó en diálogo con la prensa.

Para Velásquez Quesquén, la presunta presión del Ejecutivo al Poder Judicial constituye un hecho de suma gravedad.

"Si el Estado tiene que afinar su defensa en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), para eso están los procuradores. El Poder Judicial tiene su procurador y el Ministerio de Justicia tiene su procurador", sostuvo.

PJ Y MP INVESTIGAN. Al respecto, los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público anunciaron que ya vienen realizando sus propias investigaciones.

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, informó en conferencia de prensa que "nosotros estamos haciendo nuestras propias indagaciones independientemente a cualquier otra indagación que se haga".

Explicó que su investigación buscará conocer cómo se han realizado las grabaciones ilícitas y también "cómo es que tan oportunamente salgan estas grabaciones".

Mendoza pidió prudencia en el tema, pues aclaró que los ministros y los procuradores "tienen el pleno derecho a entrevistarse y obtener información de las autoridades políticas o judiciales" cuando se trata de ejercer una defensa ante organismos internacionales.

El titular del Poder Judicial descartó que el hecho de que la jueza Rojjasi no fuera ratificada en su cargo, no tiene relación con el caso Chavín de Huántar.

"La señora Rojjasi fue separada públicamente, en internet salió el aviso, antes de que hubiera cualquier sentencia. Pidió su reconsideración y posteriormente se le comunicó la ratificación de que no había sido ratificada", explicó.

Además, indicó que la sentencia que Rojjasi dictó fue distinta a la que presuntamente se le había pedido.

Por su parte, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adelantó que su despacho ya está evaluando la situación y "recolectando toda la información que ha aparecido en los periódicos últimamente".

Peláez coincidió con Mendoza al señalar que las reuniones no tienen "absolutamente ninguna trascendencia negativa".

"Pueden haber reuniones entre funcionarios, entre ministros, entre miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso no tiene ninguna trascendencia. Pueden haber consultas, conversaciones, intercambio de ideas", dijo.

Es más, señaló que de lo escuchado en él se puede apreciar que el entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín, "no hace una indicación directa a la jueza, simplemente le dice que revise bien (el caso) y que tiene que ser una sentencia muy bien fundamentada y muy bien argumentada".

INVESTIGAN A SAN MARTÍN. Pero a pesar de las consideraciones de Peláez, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Máximo Herrera, anunció que su organismo abrirá una investigación preliminar contra San Martín.

"El pleno, por mayoría, ha decidido encargarle a la Comisión de Procesos Disciplinarios que haga el estudio y el análisis correspondiente respecto a los hechos de estos audios. En ese sentido, la comisión le presentará al pleno un informe recomendando las acciones a seguir y el pleno será quien decida cuál será ese proceso a seguir", informó.

Precisó que la comisión evaluará si en este caso San Martín cometió una inconducta de carácter disciplinario o una falta a la ética.

DESCARTAN INTERFERENCIA. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, descartó cualquier posibilidad de interferencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales y adelantó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la grabación ilegal del diálogo sobre el caso Chavín de Huántar.

"La reunión se realizó con el objeto de articular una defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tenía otro propósito de interferir en los más absoluto en la decisión del Poder Judicial sobre este caso", indicó en conferencia de prensa.

Jiménez aseguró que los audios están "absolutamente fuera de contexto" y que fueron manipulados de manera "grosera".

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, lamentó que el escándalo sobre el audio "pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos Chavín de Huántar".

Advirtió que detrás del chuponeo lo que se busca es afectar todo lo actuado por el Poder Judicial en este caso "y eso el gobierno no lo va a permitir".

En otro momento, Cateriano consideró que sería totalmente irregular que el Congreso utilice estos audios como prueba de una infracción constitucional, sin antes haber sido sometidos a una pericia técnica por la autoridad judicial.