Andrea Pereyra

El Ejecutivo ha declarado en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sistema Nacional Penitenciario (SNP) por un periodo de dos años, a fin de abordar la grave crisis que afecta a los penales del país.

La medida fue oficializada hoy mediante el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, y busca enfrentar la sobrepoblación carcelaria y la deficiente infraestructura de los centros penitenciarios.

La declaratoria de emergencia, firmada por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia Eduardo Arana, responde a la crítica situación del sistema penitenciario, que a agosto de 2024 alberga a 98,127 personas privadas de libertad, a pesar de tener una capacidad instalada para solo 41,556. Este déficit ha generado una sobrepoblación del 136%, lo que agrava aún más las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios básicos.

Según el Decreto Supremo, el Ministerio de Justicia deberá aprobar, en un plazo de 45 días, una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria para optimizar la resocialización de los internos y garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria hasta el 2030.

El documento también destaca que, a pesar de los esfuerzos, solo el 50.2% de la población penitenciaria se encuentra en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

En este contexto, el Tribunal Constitucional había emitido en 2014 una sentencia en la que declaraba inconstitucional el hacinamiento y las severas deficiencias en las instalaciones del sistema penitenciario. La corte instó al Ministerio de Justicia a evaluar y aplicar medidas sustanciales para superar este problema estructural.

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