Le llegó la hora al expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Y es que el Poder Judicial (PJ) programó para el martes 4 de marzo a las 9:00 a.m. el inicio del juicio oral por el caso que incluye a exministros y altos mandos de la Policía.
La Fiscalía pide para el exmandatario 34 años de pena privativa de la libertad por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
IMPUTADOS
En 2022, Castillo Terrones dio un sorpresivo mensaje a la nación en el que anunció el cierre temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y la restructuración del sistema judicial, como el cambio de los miembros del PJ, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, no logró su cometido.
El Parlamento declaró la vacancia presidencial, las Fuerzas Armadas no acataron el golpe y sus ministros renunciaron.
Desde entonces, cumple prisión preventiva y podría ser condenado a 34 años de cárcel, inhabilitado por tres años y seis meses.
Además, se le solicita una reparación civil solidaria de 65,419,038.53 soles.
Para Betssy Chávez, su entonces presidenta del Consejo de Ministros, la Fiscalía solicita 25 años de pena privativa de la libertad, dos años y seis meses de inhabilitación, así como el pago de una reparación civil solidaria por 64,419,038.53 soles.
La misma pena se ha pedido para el Willy Huerta, exministro del Interior.
La petición alcanzaba originalmente a Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, la Sala Permanente de la Corte Suprema resolvió hace poco excluirlo del proceso.
Para Aníbal Torres, quien entonces se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como dos años y seis meses de inhabilitación.
El Ministerio Público también solicita 25 años de cárcel para los altos mandos de la Policía Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón.
Todos los antes mencionados son imputados por el delito de rebelión.
ELEMENTOS
Para el desarrollo del juicio oral se presentarán al menos 65 documentales, cuatro pericias forenses y grafotécnicas, entre otras pruebas.
Por ejemplo, está la visualización de imágenes y videos captados por la cámara de videovigilancia del Salón Dorado de Palacio del día 7 de diciembre de 2022.
Hay una prueba documental de que simpatizantes de Castillo pretendieron tomar las instalaciones policiales el día del golpe; así como una nota informativa de la Policía que acredita que manifestantes se agruparon el día del golpe de Estado en la avenida Abancay y el jirón Huallaga para pedir el cierre del Congreso.
Existe un análisis pericial que acredita que en la computadora de la Ofician de Apoyo al Cónyuge de Palacio, se encontró un archivo del 6 de diciembre de 2022 a las 22:52 horas, que fue modificado el día del golpe por la mañana.
Además, se presentarán al menos 69 testigos como Emilio Bobbio (exministro de Defensa), Heidy Juárez (exministra de la Mujer), Alejandro Salas (exministro de Trabajo), Cinthya Malpartida (reportera de TV Perú), Eduardo Guerrero (exsecretario de comunicaciones de Palacio), entre otros.
ANÁLISIS
Para el abogado penalista Andy Carrión, el juicio por el caso golpe de Estado podría durar entre ocho meses a un año.
“No necesariamente por la claridad del caso, sino más bien por la actuación probatoria, por los testigos que van a tener que desfilar por el juicio”, indicó.
En diálogo con Correo, el letrado se refirió a la prisión preventiva que tiene actualmente el expresidente Castillo, la misma que termina el 5 de diciembre de este año.
“Si el caso se extiende más allá de diciembre, tendría que ser liberado, porque recordemos que en este caso no está siendo imputado por organización criminal y cuando no es imputado por ese delito, los plazos de prisiones preventivas son más estrictos y cortos”, dijo.
Sin embargo, precisó que la prisión preventiva por este caso podría reevaluarse en diciembre, aunque actualmente tiene otra orden de 36 meses por el caso Puente Tarata, que inició en marzo de 2023.
Finalmente, Carrión consideró que con las pruebas y testimonio conocidos hasta la fecha y que serán evaluados en el juicio, existen muy altas probabilidades de que el caso culmine en una sentencia condenatoria.
“De todos los casos que tiene Castillo diría que este es el más acabado, no solo por pruebas y testimonios que corroboran la imputación de la Fiscalía, sino además hay algunos elementos que persuadirían al tribunal de que se emita una sentencia condenatoria”, apuntó.
