Gregorio Rojas condiciona diálogo con Ejecutivo a libertad de sus asesores

Cuando todo parecía indicar que la dirigencia de la comunidad de Fuerabamba se dividía entre los seguidores de su presidente, Gregorio Rojas, y los partidarios del vicepresidente, Edison Vargas Huamanga, ambos bandos volvieron a entrar en sintonía, esta vez para condicionar el diálogo que busca superar el conflicto de Las Bambas a la liberación de sus asesores, Jorge y Frank Chávez Sotelo.

Esta es la postura radical que Edison Vargas defendía mientras Gregorio Rojas permanecía detenido en la capital, junto con los hermanos Chávez Sotelo, acusados de extorsionar a la empresa MMG, operadora de Las Bambas.

Al recobrar su libertad, el presidente de la comunidad de Fuerabamba adelantó una posición en favor de conciliar con el Gobierno y retomar el diálogo. En contraste, Edison Vargas insistía en que la libertad de los abogados en cuestión era un requisito indispensable para cualquier negociación.

“Queremos la libertad de nuestros asesores (...) Queremos la libertad de ellos, que se retire (la orden de captura) y recién va a haber el diálogo, es la única posición que tenemos”, anunció el vicepresidente de la citada comunidad a Correo el último lunes.

Luego de su liberación, Rojas retornó a Apurímac y, tal como estaba programado, ayer se reunió con habitantes del fundo Yavi Yavi, tras lo cual aseguró que se ha levantado el bloqueo de la vía que se utilizaba para transportar los minerales de Las Bambas, tal como lo solicitó el premier Salvador del Solar.

No obstante, aunque desde el Ejecutivo se esperaba que también anunciase que había una predisposición para las conversaciones, el sentido de su anuncio fue todo lo opuesto.

“Yo le manifesté, le informé claramente a mi pueblo, y ellos me dicen que no puede llegarse a ningún acuerdo en Yavi Yavi, por razones de que nuestros asesores no están libres. Cuando ellos estén libres, recién habrá diálogo, es lo que me están diciendo ahorita”, manifestó en entrevista ofrecida a Canal N.

Rojas también resaltó la reunión que sostuvo en la capital con el presidente del Consejo de Ministros; el titular de Transportes, Edmer Trujillo; el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez; y el congresista Richard Arce (Nuevo Perú), pese a lo cual insistió en que la libertad de los hermanos Chávez Sotelo es condición para el diálogo.

AUDIENCIA

Los acusados, según la tesis del Ministerio Público, lideran la organización criminal “Los Chavelos”, que mediante cuestionados asesoramientos legales azuzaba a comunidades campesinas para pedir altos reparos económicos a la compañía a cargo del yacimiento minero, a cambio de no bloquear la principal vía de tránsito por la que se trasladan los minerales.

La sesión, que tenía prevista iniciar a las 10 a.m., se retomó dos horas después en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, luego de que la jueza Patricia Valenza Olivera, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, dispusiera un receso para que la defensa legal del dirigente comunero Carlos Vargas Arizabal sostuviera no haber recibido la notificación de aparentes nuevos elementos de convicción de la Fiscalía en el caso.

DETALLES

El modus operandi, según Hancco, continuó desde entonces hacia diversas localidades cercanas hasta llegar en el 2018 a Fuerabamba.

“Al no tener un resultado positivo, en el 2018, los hermanos Chávez Sotelo llegan a la comunidad de Fueraramba, y teniendo el conocimiento que el fundo Yavi Yavi atravesaba una vía de tránsito, los abogados le dijeron a la comunidad que por sus tierras no debía pasar una vía pública, por lo que tenía el derecho legítimo de cerrar el tránsito y prohibir el tránsito a la empresa”, dijo el fiscal sobre el cobro que la comunidad le solicitó luego a la empresa por el uso de la vía.

Hancco Quico manifestó que los hermanos Chávez Sotelo buscaban, mediante actos violentos y de extorsión a cargo de los dirigentes comuneros, obtener “beneficios económicos” de las exigencias hechas a la empresa a cargo del yacimiento. Ello, graficó, se observa en el pedido de 500 millones de soles a la compañía por parte de Fuerabamba, desde donde los abogados obtendrían un 30%.

Asimismo, manifestó que la Fiscalía, tras el allanamiento de la vivienda de los acusados e interceptaciones telefónicas autorizadas, ha identificado que “al menos 8 personas integrarían la red criminal denominada ‘Los Chavelos’”, entre quienes estarían Miguel Chávez Sotelo, a la cabeza; Frank Aníbal Chávez Sotelo, como segundo al mando; Carlos Vargas Arizabal, a cargo de la ejecución de medidas; así como Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, como responsable de materializar la acciones violentas. Y otros colaboradores, entre dirigentes comunales y terceras personas.

El representante del Ministerio Público también precisó que la institución cuenta con la declaración de testigos protegidos, quienes habrían ratificado el papel de “organización criminal” con la que actuaban los acusados; actas de reuniones de los dirigentes de Fuerabamba, donde estuvieron presentes los Chávez Sotelo; notas de inteligencia y registros de comunicación.

Hancco añadió que durante la irrupción a la vivienda de Jorge Chávez Sotelo, se hallaron 5 hojas en blanco con la firma y el sello de presidentes comuneros, entre ellos Gregorio Rojas, así como de sellos falsificados de presuntas autoridades judiciales y comunidades de Apurímac. Mientras que en la de su hermano Frank se encontró “tenencia ilegal de municiones, que eran destinadas al uso de guerra”.

Al cierre de esta edición, el abogado de los acusados, Kevin Peña Mallma, exponía su defensa y aseguraba que sus patrocinados venían realizando su trabajo por profesión a través “de asesoramiento a campesinos”. Para ello, dijo, remitirá información a las autoridades que respalden el actuar lícito de los hermanos.