La Comisión de Ética del Congreso aprobó, por mayoría, iniciar una indagación preliminar contra el legislador izquierdista Guillermo Bermejo (Perú Libre), tras mostrarse a favor del cierre del Parlamento y que eso será parte un proceso para convocar a una Asamblea Constituyente.
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“La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete [...] Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”, sostuvo el parlamentario en un evento.
Por ello, el parlamentario Juan Burgos (Avanza País) presentó una denuncia contra Bermejo por efectuar declaraciones públicas “incompatibles con el respeto al sistema democrático que la Constitución exige a cualquier ciudadano y (sobre todo) a una autoridad”, demostrando con ello su desprecio a nuestro Estado constitucional y desprestigiando la imagen del Congreso de la República.
“Que, estas actitudes antidemocráticas se ven reforzadas por el constante discurso de instaurar mecanismos de representación al margen de la Constitución, como es la denominada “Asamblea Constituyente”, mecanismo extralegal que, en nuestra historia constitucional, fue utilizado para cambiar la Constitución por gobernantes autoritarios o por caudillos que han pretendido legitimar y consolidar su proyecto de Gobierno”, se alega en la denuncia.
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Además de esta denuncia de parte, la Comisión de Ética aprobó una indagación contra el congresista Héctor Valer (Somos Perú-Partido Morado), quien fue denunciado por su colega Alejandro Muñante, quien lo acusó de señalar falsamente que Renovación Popular preparaba un “golpe de Estado”.
Asimismo, Valer también fue denunciado por el congresista José Cueto, que lo acusó de difamación al decir que “estaría en supuestos enlaces con el condenado Vladimiro Montesinos” y decir que está comprometido contra la corrupción. Ética también aprobó indagar preliminarmente a Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu (Fuerza Popular) por remitir una carta al rey de España “pidiendo disculpas públicas por una expresión del presidente Pedro Castillo” contra la corona Española en su discurso de 28 julio.