El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su preocupación por la liberación de delincuentes detenidos en flagrancia por parte del Ministerio Público. En esa línea, exhortó al Congreso a aprobar una ley que sancione jueces y fiscales que, indebidamente, estén involucrados en la puesta en libertad de criminales.
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Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el primer ministro explicó que las unidades de flagrancia están compuestos por “cuatro actores principales: el Poder Judicial, la defensoría de oficio del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y finalmente el Ministerio Público”.
Además, señaló que se ha observado que se han emitido sentencias incluso en un tiempo récord de 90 minutos. Y recalcó que el sistema de unidades de flagrancia no está “recibiendo la ayuda que necesitamos del Ministerio Público”.
“Y entonces, esto se ve frustrado. De la misma manera, se nos ha advertido que el proceso de calificación, a pesar de las evidencias y las pruebas, no está siendo calificado como flagrancia, sino como si se tratase de un delito común. Lo que significa que estos procesados no pueden seguir este camino de la flagrancia”, precisó.
“Más de 20 mil han sido los detenidos en diferentes lugares del país. El porcentaje que han sido conducidos por el proceso de flagrancia es realmente mínimo. Y si a ello además le agregamos la intolerable realidad de que vemos con alguna frecuencia que el esfuerzo de nuestra Policía Nacional capturando delincuentes luego se ve revertido con la libertad que otorgan los fiscales, pues tenemos un problema mayor”, agregó.
En ese sentido, se sumó a la iniciativa del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, al dar su aprobación al proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia propuesto por la bancada de Renovación Popular, el cual plantea eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Yo tengo que saludar la iniciativa del presidente del Poder Judicial cuando ha declarado públicamente que el Congreso debería emitir disposiciones correspondientes para sancionar a aquellos jueces que, eludiendo su responsabilidad frente a la sociedad, liberan o permiten la libertad de estos delincuentes. En el mismo sentido y con carácter expansivo, debería aplicarse esa norma a todos los operadores de justicia”, afirmó.
“No es posible que los mismos delincuentes sean capturados dos, tres, cuatro y más veces por la Policía Nacional y siempre sean liberados”, concluyó.
“Hay ámbitos de la justicia en los cuales el Ejecutivo no tiene control”
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, destacó que la seguridad ciudadana no solamente corresponde al Ejecutivo y la Policía, sino que es un trabajo conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Hemos de señalar, y no solamente expresar nuestra preocupación, sino también nuestra protesta, porque hay ámbitos de la justicia en los cuales el Ejecutivo no tiene control, como son, por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros podemos ver estupefactos cómo un delincuente, producto de un trabajo de inteligencia o del trabajo realizado por la policía, es puesto inmediatamente ante la fiscalía o en manos de los actores de la justicia, y estos, inexplicablemente, a las horas nuevamente acuden a las calles para cometer nuevamente su delito”, sostuvo.
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