Imagen
Imagen

Hace una semana, un video difundido en el programa Cuarto Poder, en el que se ve a , volvió a poner en el debate la posible existencia de un escuadrón de la muerte en la Policía Nacional.

Las imágenes fueron grabadas por el ciudadano colombiano Henry Holguín, un defensor de derechos humanos que, según contó a Correo, está dispuesto a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la justicia peruana castigue a los responsables.

¿Usted grabó el video o un familiar suyo? 

Yo me encontraba en la vivienda con mi esposa y con mis dos hijas, con una menor de edad y otra mayor de edad, todos nos asomamos por la ventana y pudimos ver los hechos. Pero yo fui el que grabé.

Este video se grabó el año pasado, ¿por qué recién sale a la luz? 

A los pocos días yo me acerqué al Gobierno Regional de Piura y les pedí por favor que me dieran una audiencia personal con el señor gobernador, pero no me la quisieron brindar. Y luego, a los pocos días me hacen una amenaza.

¿De qué manera y quién? 

Fue directa, yo iba en mi camioneta y se me atravesaron los policías, me intervinieron y directamente me manifestaron ‘así que tú eres el colombiano de los bancarios, fíjate tú lo que hablas. Sabes muy bien’. Y otro de ellos decía ‘el colombiano es serio, el colombiano sabe lo que dice’. Eso como asegurándose de que no fuéramos a prestarnos para hacer la denuncia.

¿Los logró identificar? 

No sé, no. Eran policías, estaban en motos. No dije nada, yo no sé cómo se entera la Policía. Yo busqué la audiencia con el señor gobernador (regional de Piura) para poner en conocimiento personalmente porque esto no se puede hacer de otra forma. Si uno cuenta con el apoyo de la institución, puede accionar amparado por las instituciones. Si no lo hace así, nos ordenan que por motivos de seguridad debemos ser muy prudentes.

¿Por eso regresó a Colombia? 

Así es. Vendí mis cosas que tenía ahí (en Piura) y luego fui organizando mi salida del país. La situación se puso muy difícil y la amenaza eran por temor a que hable porque los hechos ocurrieron frente a mi vivienda y los familiares de los fallecidos estaban buscando testigos. Pero yo no podía accionar porque estaba solo. El gobierno (regional) me había dejado solo y yo no podía hacerlo por la gravedad de los hechos. Entonces, organicé todo, puse la denuncia ante la Fiscalía el día sábado y el lunes viajé a Colombia.

Si puso la denuncia en abril, ¿por qué hacerla pública recién ahora? 

En este momento, he querido hacer pública esta denuncia dado que hasta la fecha no me han notificado nada por parte del Ministerio Público de allí. Yo les dije muy claro que mi denuncia la hacía en calidad de funcionario defensor de los derechos humanos, adscrito para ese país. Soy parte de la Fundación Internacional Ciudadanos Defensores de los Derechos Elementales (Funciddel).

Después de difundido el reportaje en el programa dominical, ¿la Fiscalía se ha comunicado con usted? 

No, en absoluto. Todavía no y yo creo, espero, que muy posiblemente pronto las autoridades van a accionar y yo tengo que ir a Perú a ratificar mi denuncia.

¿Cree que este caso esté vinculado con la sospecha de que en la Policía hubo un escuadrón de la muerte? 

No puedo tener esa seguridad, creo que eso es motivo de investigación de las autoridades y ellos son los que deben esclarecer si están vinculados.

¿Tiene confianza de que se esclarezca a pesar de que la Fiscalía no avanza? 

Yo confío en las instituciones, confío en que el Perú es un estado social de derecho que tiene tratados internacionales y es parte de la OEA, y creo que la Comisión Internacional de Derechos Humanos debe también entrar a mirar este caso porque para la sociedad peruana es muy importante que se resuelva.

Para que la ciudadanía comprenda, ¿en qué situación se pone el Perú si no se resuelve este caso? 

Si el Estado en su conjunto no demuestra con hechos que va a esclarecer estos casos, que va a hallar responsables, que va a reparar las víctimas, pueden correr un grave riesgo de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a tallar, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda sancionar al país porque sería un acto grave contra la misma humanidad.

Entonces, es vital que el Presidente deslinde con hechos de que estos crímenes no fueron una “política de Estado”. 

Así es, lo tienen que hacer, porque si no el mensaje que le van a dar al pueblo es distinto. Yo estoy esperando que las autoridades del Perú se den cuenta que lo único que queremos es apoyar las instituciones, a la Policía Nacional, porque creo en la consideración del señor ministro del Interior, que ha mostrado total rechazo a estas acciones, al igual que el Defensor del Pueblo.

¿Si en las próximas semanas no recibe una respuesta ni de la Fiscalía ni del Gobierno, llevarán el caso a instancias internacionales? 

Por su puesto, en este momento ya tenemos un pool de abogados de derechos humanos, tenemos también un abogado internacionalista con los documentos listos. Yo no estoy solo, soy parte de un organismo internacional de los derechos humanos y hay que buscar primero poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda brindar las garantías del caso.

¿Qué determinará su decisión? 

Vamos a ver la celeridad del caso, yo hice la denuncia en calidad de defensor de derechos humanos, no estoy denunciando el robo de un celular, estoy denunciando un hecho de lesa humanidad y en realidad que involucra una ejecución extrajudicial por parte de miembros activos de la Policía Nacional.

¿Cuándo concretarán la presentación ante la CIDH? 

Nos hemos dado plazo hasta la semana próxima. En la semana próxima van a salir los documentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde vamos a presentar el caso ya ante este organismo porque se tienen que dictar unas medidas cautelares que establece la comisión, quien se dirigirá al Ministerio del Interior y a los distintos organismos del Estado peruano.

¿Esto se presenta como una demanda? 

Sí, en primera instancia se presenta la petición de amparo a las víctimas y al caso tal. El caso como tal tiene que ser amparado, luego envían una revisión y le ponen el ojo de la instancia internacional. Es interesante porque de todas formas ayudan para que las cosas puedan salir mejor. También se tiene que garantizar las medida cautelar de que esta comisión le dice al Gobierno de Perú y de Colombia para que, como estados, garanticen el buen desarrollo de las investigaciones.

¿Por qué al gobierno colombiano? 

Porque hay que reconocer que yo soy el testigo presencial, el testigo clave del caso. Entonces, debe haber garantías de seguridad para poder viajar al Perú y presentarme a las autoridades.

¿Acusarán a la Policía Nacional? 

La esperanza de nosotros es que este hecho no haya sido un hecho de la Policía Nacional como institución. Me resisto a creer eso, tengo amigos generales a los que les debo mucha gratitud igual que al pueblo peruano. No es que nos vayamos en contra de la Policía Nacional, es simplemente un grupo que está compuesto por personas equivocadas. Son policías que obraron equivocadamente.

¿Los familiares podrían contactarlos para obtener respaldo? 

Antes de contactar medios de Perú, recibimos correos de algunos familiares de ellos, nos escribieron y nos pidieron que ayudáramos porque el caso parecía que lo iban a archivar por falta de pruebas contundentes. Entonces, al saber que las pruebas ya estaban allá y que los familiares manifestaban eso, nos reunimos acá en Medellín y tomamos la decisión de publicarlo.

¿Cree que el Estado peruano no tiene políticas claras para impedir la violación de derechos humanos?

Yo estuve desde el 2009 en Perú intentando que se tomen medidas claras para esto, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Que un sector de la sociedad crea de que van a arreglar el problema tomando la justicia por sus propia cuenta y aprobando el comportamiento de violadores de derechos humanos para poder buscar la seguridad ciudadana, de seguro van a repetir una historia que ya la vivimos aquí (en Medellín). La vida humana hay que defenderla sea de quien sea y si van a matar a una persona que sea mediante una ley y con pena de muerte, pero no así, de una manera autoritaria y violadora de derechos.

¿La autoridades peruanas se han comunicado con usted? 

No. Pero sí quisiera que se aclare que no estoy obrando en contra de las personas, no estoy defendiendo a los delincuentes ni estoy en favor o en contra de las personas, no aguanto esa cantidad de amenazas que me hacen las personas porque no saben leer o están muy dolidas. He recibido una cantidad de mensajes en las que me han amenazado. Lo que sí quiero es aclararle a la gente, soy cristiano, soy defensor de derechos humanos y gestor de paz. Tengo que ser consecuente con eso. No tengo nada en contra de nadie. Estoy defendiendo la vida con el ánimo de que entre todos fortalezcamos nuestras instituciones, que no nos tomemos la justicia por nuestra cuenta porque vamos a alimentar grupos de escuadrones de la muerte, ellos comienzan así, pero terminan extorsionando, montando grupos paramilitares que ejercen un dominio territorial. La gente empieza a sentir que no les roban tanto, pero aparecen grupos que llenan ese vacío y toman más poder.

DATOS

20 personas habrían sido abatidas por la Policía, según la indagación.

4 años habría operado el escuadrón de la muerte, del 2011 al 2015.

12 policías son investigados por la Fiscalía por asesinato de Piura.

PERFIL

Henry holguín

Defensor de Derechos Humanos

Represen-tante del Movimiento Sinergia de Medellín. Trabajó en el Gobierno Regional de Piura hasta abril del 2016 en un proyecto de lucha contra la violencia.