Historial delictivo de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' registra más de 60 denuncias
Historial delictivo de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' registra más de 60 denuncias

Los presuntos miembros de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” tienen un largo historial. Y es que seis de los 13 supuestos integrantes acumulan 67 investigaciones en el Ministerio Público por diversos delitos.

Según el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal de crimen organizado Rocío Sánchez Saavedra, el empresario Mario Américo Mendoza Díaz, alias “Bisagra”, tiene en su haber 13 procesos por delitos de usurpación, daño agravado, apropiación ilícita, estafas y defraudaciones, así como tráfico ilícito de drogas.

También se le imputa la presunta comisión de interés ilícito en la contratación de personal, así como corrupción de funcionarios.

Según la Fiscalía, la participación de Mendoza en la organización criminal consistía en organizar y financiar reuniones públicas o privadas en exclusivos restaurantes de la capital.

También sería quien traficaba con influencias a través de las instituciones del Estado y algunos de sus funcionarios, entre ellos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial.

Pero quien tiene más investigaciones en su haber es José Luis Cavassa Roncalla, alias “Pepe Lucho”, con 36 delitos diversos, como lavado de activos, concusión, falsificación de documentos, entre otros.

De acuerdo a las pesquisas, Cavassa Roncalla utilizaba su influencia sobre Ríos, como operador político, y los miembros del CNM, para gestionar favores políticos y beneficios a fin de mejorar la designación de jueces “amigos”, dando continuidad a la red de corrupción.

El empresario Edwin Antonio Camayo acumula cuatro denuncias en investigación por presunta negociación incompatible, tráfico de influencias, apropiación ilícita, lavado, entre otras.

De Camayo, dueño de Iza Motors, existen indicios de su amplio poder económico dirigido a “conseguir fallos en su beneficio o de terceros”.

En la nómina también figura el asesor legal Gianfranco Paredes Sánchez con cuatro procesos en su haber.

Marcelino Meneses Huayra (no habido), con nueve carpetas fiscales, y Nelson Aparicio Beizaga, con una, son los otros dos que tienen cuentas pendientes en el sistema de justicia.

Ellos junto a otros siete presuntos miembros de “Los Cuellos Blancos del Puerto” habrían recibido ventajas indebidas en los procesos judiciales e intervenido en el nombramiento y ascenso de jueces y fiscales de la oscura red.

De acuerdo a las investigaciones, esta organización criminal estaría liderada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, quien hoy cumple 36 meses de prisión preventiva.

EN VILO

Parte de este historial delictivo iba a ser relatado ayer por la fiscal Rocío Sánchez Saavedra en la audiencia de prisión preventiva, sin embargo esta se suspendió.

En la sede del juzgado anticorrupción, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta, dispuso suspender la sesión porque la Fiscalía había notificado parcialmente los elementos de convicción -en su requerimiento escrito- a la defensa de los investigados.

Tras la instalación de la audiencia, se avizoraba una larga sesión, pero el juez aceptó los argumentos de los abogados, quienes señalaron que la fiscal Sánchez no cumplió con notificar las pruebas del caso, lo que a su juicio afectaba el derecho de defensa.

Hoy, a partir de las cuatro de la tarde, se realizará la sesión que, se estima, tendrá una duración de varios días.

Como se recuerda, la fiscal Rocío Sánchez solicita 36 meses de prisión preventiva contra 13 presuntos miembros de la citada red criminal por siete delitos: crimen organizado, aceptación ilegal, tráfico de influencias, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y cohecho activo específico.

PEDIDO

En su solicitud, la fiscal Sánchez Saavedra deberá demostrar al juez Manuel Chuyo la vinculación de los elementos de convicción (indicios de pruebas) con los investigados.

Además, tendrá que sustentar que los delitos imputados acumulan el mínimo que se requiere, según ley, para la prisión preventiva. Esto es, más de cuatro años. Por la gravedad de los delitos, antes mencionados, se da por descartado este extremo.

Asimismo, la representante del Ministerio Público no deberá dejar de lado el peligro procesal, es decir, el riesgo de que los investigados amenacen a testigos del caso o pretendan destruir u ocultar pruebas.

Vale mencionar que el peligro procesal comprende además la eventual fuga de los investigados. De hecho, uno de ellos permanece en la clandestinidad: se trata de Marcelino Meneses Huayra.

LEGALES

La fiscal del Callao Rocío Sánchez, basa su amplio material probatorio en las interceptaciones telefónicas, autorizadas por el juez Roque Huamancóndor, que realizó en una investigación a una red criminal relacionado con el narcotráfico en el primer puerto.

Cuando Sánchez comenzó a descubrir que en esas escuchas habían otros personas que pertenecen a la alta jerarquía del sistema de administración de justicia incurriendo en presuntos actos de corrupción, fue a comunicarlo ante el entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde.

Ello porque personajes como el suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi; el expresidente del Poder Judicial del Callao, Walter Ríos Montalvo; los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera y Orlando Velásquez, cuentan con la prerrogativa del antejuicio.

De hecho, la representante del Ministerio Público señala que hay tres redes que operan al interior de la organización criminal.

La primera está conformada por Ríos, su asesor Gianfranco Paredes y jueces de primera instancia.

La segunda red también estaría a cargo del expresidente de la Corte del Callao, acompañado de los empresarios Mario Mendoza y Antonio Camayo. Por último, se encuentran los denominados “aforados” -con prerrogativa de antejuicio- como los integrantes del CNM y el juez Hinostroza.

Esta historia de crimen organizado tiene aún mucho por contar y el sistema de justicia, mucho por responder.