Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú, enfrentará comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por 36 meses, tras ser liberado en el marco de la investigación por presunta participación en una organización criminal.
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Emergencia de Lima dispuso estas medidas contra el investigado además del pago de una caución que asciende a 10 mil soles que deberá pagar en los próximos 30 días.
“Corte de Lima dispone comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses a Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú, en la investigación por el delito de colusión agravada en organización criminal y otros”, publicó el Poder Judicial en su cuenta de ‘X’, antes Twitter.
“El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Emergencia de Lima ordenó, además, que el imputado no concurra a las instalaciones de Petroperú, Ministerio de Energía y Minas, y domicilios de sus coinvestigados y peritos”, acotó
“El órgano jurisdiccional resolvió también que Chávez Arévalo pague una caución (garantía) de S/10 000, que debe depositar en el Banco de la Nación en un plazo de 30 días. En caso de incumplimiento, podría variarse la medida e imponérsele la prisión preventiva”, especificó.
La imposición de la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país se determina después de que el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenara la liberación de Hugo Chávez Arévalo, previamente bajo prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.
Esto se da tras la declaración parcialmente fundada de la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa legal de Hugo Chávez Arévalo contra las dos resoluciones que, en dos instancias diferentes, dispusieron 24 meses de prisión preventiva en su contra.
Chávez Arévalo es objeto de una investigación por presunta participación en una organización criminal y otros delitos durante el gobierno de Pedro Castillo.
Entre las restricciones impuestas al investigado se encuentra la prohibición de acudir a las instalaciones de Petroperú, del Ministerio de Energía y Minas, así como a los domicilios de sus coinvestigados y peritos vinculados a su caso.
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