Indulto a Alberto Fujimori: La CIDH y el Estado peruano se enfrentan por caso

Dos sistemas de justicia en pugna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente- y el Estado peruano se enfrentaron ayer por su posición respecto del indulto humanitario y el derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En la audiencia de supervisión de sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, señaló que la liberación de Fujimori contraviene los compromisos internacionales de la verdad y la justicia para las víctimas.

“Consideramos que el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta solo podrá lograrse con orden expresa de revocatoria del indulto”, sostuvo Abrao.

“El indulto no guarda proporcionalidad entre la finalidad que persigue y el impacto a las víctimas y sus familiares”, aseveró Luis Silva, otro representante de la CIDH.

Es casi imposible

Así, Mendoza opinó que “veo casi imposible que Alberto Fujimori regrese (a prisión), porque es una cosa juzgada”.

“Los indultos podrían ser revisados, pero en una sede nacional. Esto es algo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional previamente”, añadió Mendoza.

Según explicó, “los argumentos que se han presentado son endebles, inexactos y están basados en medias verdades”.

“Que se haya dado en una circunstancia política es otra cosa, pero este indulto es médico”, aseveró.

Partes divididas

Tras la audiencia, Cano mostró su confianza en que el organismo supranacional se pronuncie en contra de la liberación del exmandatario.

Rivera criticó que la decisión del presidente PPK fuese extrañamente rápida y acelerada, a comparación de otros trámites de indulto.

Entre tanto, los agentes del Estado peruano Jorge Villegas y Adrián Simons manifestaron que el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia se encuentra limitado frente al derecho a la vida, en este caso, de Fujimori.

Asimismo, señalaron que el Estado, a través del primer mandatario, puede otorgar indultos así se trate de personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Los siete jueces de la Corte-IDH analizarán los argumentos de las partes y emitirán una decisión en un lapso de una a tres semanas.

De igual manera, el organismo evaluará un pedido de medidas provisionales por la eventual destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón.

La Corte-IDH tiene mayor rango de decisión al emitir resoluciones de carácter vinculante para los Estados parte, frente a los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos son regulados por el Pacto de San José de Costa Rica.