El cuatro de julio la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República emitió su informe final sobre las presuntas irregularidades en el proceso de donaciones de los 28 bloqueadores de celulares a la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

El informe, compuesto por 37 páginas, fue remitido al Fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales y al Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar. Y, como ya se ha adelantado en algunos medios, concluye en la recomendación de procesar al alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto y a otros funcionarios ediles, por los delitos de colusión desleal, corrupción de funcionarios y abuso de autoridad. De este proceso tampoco se escaparía el empresario Jean Pierre Denisse Oyarzabal, para quien se pide investigar por colusión.

Pero la documentación congresal trae más detalles sobre este caso que podría costarle muy caro a la actual autoridad edil del distrito esperancino.

UNA CON OTRA. La comisión congresal deja en claro que existen en el caso indicios de irregularidades que no han sido desvirtuados por los responsables, pese a sus descargos.

Una de estos puntos es que la municipalidad de La Esperanza aceptó la donación de 28 bloqueadores de celulares para ser instalados en el penal El Milagro, "condicionada a la compra de accesorios complementarios y otro tipo de bienes cuya adquisición se realizó a la empresa Peruven Radiotelevisión Internacional, de propiedad del Sr. Jean Pierre Denis Oyarzabal, gestor de la donación".

Asimismo, señalan en el informe que la municipalidad, a través del alcalde y su gerente general, "habría obviado procedimientos fundamentales previo a la aceptación de la donación de los 28 bloqueadores de celulares y la compra de los accesorios complementarios". "Solo se limitaron a aceptar en aparente complicidad con el representante de la empresa Peruven Radiotelevisión Internacional SAC la propuesta del donante", dice el dictamen.

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