Ayer no fue un buen día para la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Una nueva tormenta política se posó sobre ella tras conocerse en la víspera, que había iniciado investigaciones preliminares a dos partidos políticos: Fuerza Popular y País Para Todos.
Con poco tino, la decisión de investigar a esas agrupaciones se adoptó luego de apenas un día de la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026.
La politización del Ministerio Público no es una historia nueva. El fiscal José Domingo Pérez acusó a Keiko Fujimori en plena campaña electoral en 2021.
¿La historia se repite?
Tal fue la sacudida en el órgano del sistema de justicia que obligó a que en un video informativo, el fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel -que se encargará de la pesquisa- tuviese que salir a aclarar los alcances de la desmesurada decisión.
La pesquisa, como se ha informado, busca determinar si ambos grupos políticos han infringido las normas de la democracia y pueden ser declarados “ilegales”.
Ha llamado la atención que la medida se adoptase a partir de la denuncia de dos personajes anónimos y que, en el caso de Fuerza Popular, se fundamente en investigaciones que ya se han realizado o están en trámite como los casos “Cocteles” o “Mamanivideos”.
La ciudadana Beatriz Cano, por ejemplo, afirma que Fuerza Popular tuvo una “conducta antidemocrática” en los casos “Cócteles”, “Mamanivideos” y los reclamos por presunto fraude en las elecciones de 2021.
INDIGNACIÓN. Una de las reacciones más indignadas provino, por obvias razones, de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujmori, quien afirmó que esta decisión convierte a la Fiscalía en un “actor político”.
“Hace tan solo dos días se ha hecho la convocatoria para las elecciones y ya tenemos a un primer actor político, la Fiscalía de la Nación”, afirmó desde Chiclayo.
Indicó que “preocupa que la institución encargada de luchar contra la delincuencia dedique recursos y esfuerzos y, en vez de perseguir a delincuentes, se dedique a debilitar a los partidos políticos”.
Fujimori lamentó que esta iniciativa empañe el proceso electoral y aclaró que aún no ha decidido si presentará su candidatura presidencial en 2026.
Previamente, Fuerza Popular había emitido un comunicado en el que expresó su rechazo y preocupación por la decisión de la Fiscalía y señaló que la decisión se trata de un “uso desproporcionado y político”, que “amenaza el pluralismo político”.
Asimismo, el secretario general de dicho partido, Luis Galarreta, calificó de “inaudita” dicha acción y cuestionó el desempeño de Delia Espinoza. Consideró que estas acciones fiscales son un desperdicio de recursos humanos y presupuesto.
DEL OTRO LADO. Las reacciones en contra no se limitaron, no obstante, al afectado partido Fuerza Popular y se trasladaron a otros espectros políticos e ideológicos.
Un normalmente opositor político del fujimorismo, el penalista César Azabache, cuestionó así la medida: “Expreso usualmente mi respaldo a las fiscalías. Pero si esto es cierto sería intolerable”. Agregó que “comenzando el proceso electoral no se puede abrir un procedimiento formal contra una de las agrupaciones más fuertes de la contienda por el simple pedido de una persona. No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Si fuera cierto, esta decisión debe rectificarse de inmediato”.
También se sumó a los cuestionamientos la Asociación Civil Transparencia.
“La decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular, resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”, expresaron públicamente.
De igual modo, el partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, se pronunció con contundencia.
Así, señaló que bla acción fiscal representaría una “utilización política” de la facultad de investigar de Espinoza.
“Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantiene en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin”, demandó.
Enseguida, expresó su “firme convicción y defensa al Estado de derecho, al sistema democrático de gobierno y el respeto irrestricto al derecho constitucional de todos los peruanos de elegir y ser elegidos”.
“El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación”, aseveró.
La medida fiscal obligó también a la reacción del otro afectado, el comediante Carlos Álvarez, líder de País Para Todos.
“Es una denuncia totalmente fuera de lugar, por varios puntos. Primero, dice que yo, como candidato presidencial, he emitido una opinión antidemocrática. Para comenzar, yo no soy candidato presidencial. Yo solo soy afiliado al partido País para Todos”, refirió.
“Es bastante extraño, bastante raro que quieran tacharme, siendo afiliado y no candidato presidencial. Eso se verá en las elecciones internas en noviembre. ¿A qué viene esta acusación? ¿A qué viene esta denuncia?”, se preguntó.
Uno de los puntos de la denuncia contra Álvarez es su postura a favor de la pena de muerte.
Ante ello, recordó que emitió una opinión a favor de la pena de muerte cuando una niña de tres años había sido violada varias veces en Chiclayo. “Entonces, él (el denunciante) dice que yo estoy por la violencia, el odio. Es totalmente falso cuando estamos hablando de una criatura”, dijo en RPP
PRECISIONES. Luego de estas reacciones, la Fiscalía se vio obligada a brindar algunos alcances de las diligencias emprendidas contra Fuerza Popular y País para Todos. Así, sostuvo que son procedimientos previos y no investigaciones penales.
En un mensaje en X, el fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel informó que estos procedimientos se iniciaron a pedido de dos ciudadanos.
“Las acciones que estamos llevando a cabo son procedimientos y no investigaciones penales. Las hemos iniciado a pedido de dos ciudadanos, son solicitudes presentadas contra dos partidos políticos”, indicó.
Añadió que la Ley de Partidos Políticos faculta al fiscal de la Nación y al defensor del Pueblo, a solicitar ante la Corte Suprema la ilegalidad de cualquier organización política y que los procedimientos iniciados determinarán si las solicitudes cumplen o no los presupuestos establecidos.
“Ya hemos comenzado con las indagaciones para que en el más breve plazo podamos emitir nuestro pronunciamiento”, agregó.
“Ataque”
Patricia Juárez señaló desde Tacna que la Fiscalía ha emprendido un “ataque y persecución” contra Fuerza Popular.
