La decisión tomada por la Comisión de Justicia del Congreso, de recomendar la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), volvió a polarizar políticamente al país, en función de lo polémico que significaría una eventual destitución de los siete magistrados.
La noche del último miércoles, dicho grupo de trabajo parlamentario, presidido por Janet Rivas (Perú Libre) resolvió a última hora consignar en su informe final que los integrantes de la JNJ incurrieron en “causa grave” en tres casos.
Uno de ellos fue el comunicado exhortativo al Legislativo en favor de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Otro, la errónea interpretación de la edad para permanecer en sus cargos y, finalmente, la tardía presentación de sus informes anuales ante el pleno del Congreso.
La primera en cuestionar la decisión de recomendar la remoción de los magistrados fue la relatora de las Naciones Unidas Margaret Satterthwaite. “Estoy siguiendo de cerca los eventos en Perú. Me preocupa la posible aprobación (de este) informe que recomienda remover a la totalidad de los miembros de la JNJ mediante un mecanismo sumario”, manifestó en sus redes sociales.
Añadió que la Junta cumple el papel de un consejo judicial y que es un órgano importante para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también cuestionó el caso y respaldó a la JNJ.
“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el premier del Perú (Alberto Otárola, con quien se reunió) la necesidad de la independencia de la JNJ, ONPE y de la Fiscalía”, declaró.
La Asociación Civil Transparencia tampoco se quedó al margen. “Lamentamos la decisión mayoritaria de la Comisión de Justicia del Congreso que, ignorando propuestas técnicas, plantea remover a miembros de la JNJ. Ello afectaría el debido proceso, independencia judicial e integridad del sistema electoral. El pleno aún puede hacer lo correcto”, tuiteó.
Sustento. Hasta la mañana del 18 de octubre, la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia tenía un informe técnico que recomendaba el archivo de la investigación a los magistrados de la JNJ, pues -refería- no se encontraba ninguna sola prueba que corroboraba que se cometió irregularidades. Solo se recomendaba exhortar a la institución a no pronunciarse sobre casos políticos.
No obstante, todo esto varió por la noche, cuando luego de un breve debate de los integrantes de dicho grupo de trabajo se determinó que en las conclusiones del informe inicial sí se configuraba la “causa grave”.
En un comienzo, Fuerza Popular planteó una cuestión previa para que las conclusiones de la investigación se votaran por separado. Sin embargo, tras la intervención de Martha Moyano se propuso que el informe final se vote en conjunto.
La legisladora aseguró que habían elementos suficientes para una “causa grave” en la intromisión de la JNJ por el comunicado a favor de Ávalos, y que, además, debía incluirse a Inés Tello en las conclusiones sobre el criterio de la edad, dado que su nombre no figuraba en esa parte de la investigación.
José Balcázar, de Perú Bicentenario, opinó lo mismo y agregó que Tello sabía que por su edad no debía continuar más en la JNJ.
Solo minutos antes, Flavio Cruz (Perú Libre) aseguró que en el punto de no haber informado anualmente al Congreso sobre sus actividades, constituye a un acto grave “porque están obligados a reportar lo que hacen”. Lo mismo opinó su compañero Américo Gonza.
En resumen, todos comulgaron en el hecho de que el Parlamento está facultado a removerlos, y más cuando hay una causa grave. Así, la bancada de Fuerza Popular y sus aliados consiguieron 16 votos a favor del cambio.
De otro lado, el sector de izquierda integrado por Ruth Luque y Nieves Limachi (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Pasión Dávila (Bloque Magisterial) se opusieron. Solo Heidy Juárez y Janet Rivas se abstuvieron.
Es importante mencionar que Luque adelantó que presentará un informe en minoría, el cual será debatido si no prospera el mayoritario.
De acuerdo con la tendencia de cada grupo político, el informe final tendría cerca de 80 votos asegurados. No obstante, faltarían siete para que se destituya a los integrantes de la JNJ. La suerte de los magistrados recaería en Somos Perú y parte de los no agrupados.
Fuentes congresales aseguraron a Correo que el pleno recién debatirá el informe final de la JNJ en la primera semana de noviembre.
