Meses de enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, derivaron ayer en la suspensión provisional de la alta funcionaria por un plazo de seis meses. Se le atribuye no acatar la resolución de la JNJ, emitida el 13 de junio último, que reponía a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
Especialistas consultados por Correo señalan que la ejecución de la resolución es inmediata, tal como ocurrió en el caso de Benavides Vargas, el 6 de diciembre del 2023, cuando también fue suspendida del mismo cargo y tomó su lugar, momentáneamente, el fiscal supremo Pablo Sánchez.
Resistencia
El pleno de la JNJ esperaba que Espinoza brinde sus descargos, en audiencia pública, la mañana de ayer. Sin embargo, minutos antes de iniciar la sesión, a las 10:00 a.m., su defensa legal ejercida por el abogado Luciano López anunció que no acudiría.
“No convalidaremos con nuestra presencia una decisión que ya tomaron: suspenderla y descabezar a la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad en el poder. Recurriremos a la justicia constitucional”, sostuvo vía X.
Además, indicó que existe un conflicto de interés y recordó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de Arsenio Oré Guardia, a quien se le dio la razón tras considerar que el fiscal José Domingo Pérez carecía de objetividad para investigarlo —por presuntas amenazas a comprendidos en el Caso Cócteles— debido a que el funcionario sería el afectado al liderar la investigación.
No fue el único pronunciamiento. Espinoza se presentó ante la prensa, a través de una conferencia en la sede institucional del Ministerio Público (MP) en la Av. Abancay, para cuestionar una vez más a los miembros de la JNJ.
“Están a tiempo, siempre se está a tiempo de que la decisión de ahora sea (la) de no suspenderme porque, de lo contrario, como lo he venido diciendo en diversos medios, van a seguir acumulando infracciones constitucionales y delitos”, amenazó.
En paralelo, a esa hora, la JNJ daba por culminada la audiencia de informe oral en el que esperaba a la fiscal suprema. En la sesión, que duró poco más de dos minutos, se consignó dicha ausencia y se dejó al voto el pedido. Horas más tarde, se recogerían cinco votos a favor.
En detalle
Fueron Gino Ríos, presidente de la JNJ; Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval los que respaldaron la propuesta de Cabrera, miembro instructora del caso que se abstuvo de votar por su condición.
Otro integrante que tampoco votó fue Francisco Távara, a quien el pleno decidió apartar de cualquier proceso o votación vinculada a la Resolución 231-2025-JNJ, documento con el que se restituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
En horas de la tarde, la resolución fue notificada al integrante más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez. Dada su condición, sería el encargado de asumir el mando de la Fiscalía de la Nación. Situación similar ocurrió en diciembre de 2023.
Tras la salida de Benavides, fue Sánchez quien lideró brevemente la entidad hasta que su colega, Juan Carlos Villena, fue designado fiscal de la Nación interino. Así, meses después, Espinoza asumió oficialmente en el alto cargo. Allí debía continuar hasta el año 2027, pero la JNJ resolvió a favor de su antecesora en junio último.
Motivos
La resolución de la JNJ, a la que Correo tuvo acceso, se destaca que la suspensión preventiva permitirá asegurar que el “procedimiento disciplinario pueda desarrollarse en un entorno institucional libre de interferencias”.
“Existen fundados elementos de convicción que vinculan a la investigada con (…) el incumplimiento reiterado a un mando expreso de la JNJ, la obstaculización de la reincorporación de una magistrada (…) y habría ejercido presión directa o indirecta sobre el personal fiscal y administrativo para que se congregue en el piso 9 de la sede central del Ministerio Público a fin de resistir el cumplimiento de dicha resolución", se señala.
Además, se subraya que dichas conductas “evidenciarían una instrumentalización de la función fiscal”.
Sobre ello, Cabrera, la miembro instructora, recogió que hubo interferencias al recabar información para el caso. Sostuvo que se ofició a funcionarios y trabajadores del MP, sin embargo, los pedidos “fueron atendidos de forma parcial y selectiva”.
“Otros no fueron cumplidos, alegándose incluso cuestionamientos respeto de la facultad de la JNJ para solicitarlos. Esta situación evidencia el riesgo cierto de que el procedimiento disciplinario se vea afectado mientras la investigada continúe ejerciendo el cargo (…) toda vez que se advierte una conducta de funcionarios y trabajadores del MP consistente en adoptar la misma posición atribuida a la investigada, esto es, incumplir los mandatos expresamente emitidos por la JNJ”, advirtió el informe de la Junta.
Finalmente, se considera que los seis meses son un plazo razonable de suspensión. En ese lapso, podría concluir el procedimiento disciplinario en el que se recomiende el archivamiento del caso o la destitución de Delia Espinoza.
En manos del Poder Judicial
Sobre el tema, el constitucionalista Luis Roel señaló que si Espinoza no cumple con el mandato de la JNJ, ya notificado ayer, “estaríamos frente a un desacato, puesto que estamos frente a una decisión con ejecución inmediata”.
“Es casi seguro que la fiscal suprema irá al Poder Judicial” (PJ), sostuvo Roel. Detalló que la fiscal suprema presentaría un proceso de amparo en el que solicitaría una respectiva medida cautelar. Sin embargo, remarcó que “mientras no exista un mandato jurisdiccional que suspenda la suspensión, esta se debe cumplir”.
Indicó que tanto en el caso de Benavides como en el de Espinoza “el fondo es el mismo: las resoluciones se acatan en sus propios términos”.
En el fuero judicial, sin embargo, hay otra solicitud presentada por la aún fiscal de la Nación pendiente de ser evaluada.
Los jueces Rocío Ruiz, Néstor Paredes y Sandro Aguilar, de la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima, declararon nula una resolución desfavorable a Espinoza. Ahora, un nuevo colegiado decidirá si admite o no a trámite su medida cautelar, y con ello la posibilidad de realizar una nueva audiencia.
La fiscal suprema pide, a través de dicho recurso, suspender la resolución que restituye a Benavides, cualquier acto de la JNJ destinado a ejecutarla o derivado de su incumplimiento e, incluso, una disposición para que “continúe ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación”.
