Joel Segura: Los “petroaudios” van camino al archivo judicial
Joel Segura: Los “petroaudios” van camino al archivo judicial

Los denominados “petroaudios”, que destaparon uno de los escándalos de corrupción más grandes del gobierno aprista, han pasado a ser hoy en día “audios inservibles”.

Era octubre de 2008 cuando un programa periodístico propaló una conversación entre el exministro aprista Rómulo León Alegría y el ejecutivo de Perupetro Alberto Quimper alabándose mutuamente por haber realizado “un faenón” en la entrega de lotes petroleros que en esa época estaba otorgando Petroperú.

Las concesiones en referencia no eran otras que los cinco lotes petroleros que el Estado peruano le entregó para su explotación a Discover Petroleum International (DPI), empresa noruega que fue asesorada por León Alegría.

“Tenemos que exigir nuestros honorarios de éxito”, se le escucha decir a Quimper en alusión a unos 200 mil dólares que le correspondían por presuntamente favorecer en dicho proceso a la empresa DPI.

El escándalo generó tal crisis política que no solo se anuló la concesión, sino que provocó la renuncia del entonces premier Jorge del Castillo.

Además, dichos audios, en ese momento, sirvieron para que el Ministerio Público emprendiera una investigación que hoy, siete años después, podría terminar en el archivo y sin ningún responsable.

ILÍCITOS. Y es que el pasado 8 de setiembre los magistrados de la Tercera Sala Penal Liquidadora, que vienen realizando el juicio oral, decretaron que dichos audios “son prueba ilícita” y, por ende, toda documentación que se obtuvo o se desprendió de dichas conversaciones, y que se actuó como parte de la investigación fiscal, no puede ser usada. En buen romance, los audios no sirven para sentenciar a los procesados.

La misma suerte han corrido cerca de 20 mil correos electrónicos que se obtuvieron del CPU del exministro León Alegría. Tampoco pueden ser valorados en el juicio oral, según lo decretó la Sala integrada por los magistrados Ricardo Brousset Salas, Luis Arce Córdova y Avigail Colquicocha Manrique.

La decisión tomada por dichos jueces obedece a una resolución que quedó pendiente cuando el caso era visto en 2011 en el Tercer Juzgado Penal Anticorrupción, a cargo del juez Jorge Barreto. En ese año, el abogado Eduardo Roy Gates -el mismo que hoy asiste a la primera dama Nadine Heredia en el caso de las cuatro agendas que se le atribuyen, así como en el caso por lavado de activos- era el defensor legal de León Alegría y planteó la ilegalidad de los “petroaudios”. No obstante, en ese momento no se resolvió y se indicó que se evaluaría en el juicio oral.

Es por ello que tras la decisión del tribunal, la última semana, tanto el fiscal superior Hernán Mendoza como el procurador adjunto Eddy Betalleluz interpusieron sendos recursos de nulidad ante la decisión del tribunal que los estaba dejando sin uno de los principales elementos del caso. El colegiado los rechazó de plano.

Para los magistrados, los “petroaudios” nacieron de la interceptación telefónica ilegal, y así ha quedado establecido en la sentencia a los empresarios de Business Track (BTR), empresa que interceptó a León Alegría y Quimper.

NEFASTO. En este contexto, el titular de la Procuraduría Anticorrupción, Joel Segura, ha manifestado que calificar a los “petroaudios” de “prueba ilícita” es un precedente nefasto.

El defensor del Estado ha indicado que si esas conversaciones son excluidas del respectivo proceso, esto podría terminar favoreciendo a los implicados en la presunta corrupción.

Es por ello que anunció haber apelado la decisión de la Tercera Sala Penal Liquidadora a fin de que el caso pase a ser visto por la Corte Suprema.

Para Segura, la jurisprudencia indica que solo se pueden anular si la interceptación se hubiese hecho por agentes del Estado, situación que no ocurrió.

“La única regla de exclusión probatoria se ha dado cuando ese privado (que hizo la interceptación) ha estado vinculado con algún agente del Estado, y ahí se contamina (la prueba), pero si no, no. Es como un hallazgo inevitable”, expresó.

Si la Sala persiste, indicó, quedará impune este emblemático caso, ya que en la conversación que se escucha en los audios tanto León como Quimper hablan de “un faenón”.

“Espero que el tribunal reconsidere su decisión, porque está generando un precedente nefasto. Es más, solo al momento de la valoración un juez puede decir que no toma en cuenta los elementos que considere ilegales, y no en la etapa de la actuación”, sostuvo.

Así las cosas, el fiscal Mendoza está replanteando su estrategia de acusación. “Nos ha sorprendido la decisión”, dijo el representante del MP.

El propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha considerado errada la decisión del Poder Judicial. “Hay excepciones a la prueba ilícita”, dijo.

Expertos como el exprocurador José Ugaz también están en desacuerdo con el Poder Judicial. Este citó resoluciones de sentencias con penas efectivas en los casos Montesinos y Lucchetti que se lograron gracias a los “vladivideos”.

Si la línea adoptada por la sala superior continúa en la Corte Suprema, el caso terminaría en el archivo o con penas tan bajas que ninguno de los funcionarios que aún quedan en proceso llegarían a prisión; sobre todo los principales involucrados, para quienes se ha pedido penas de seis años. En el caso de Rómulo León, ya pasó 36 meses en la cárcel, el mismo tiempo que Alberto Quimper en arresto domiciliario, aunque este actualmente está fuera del proceso.

DATO

2500 correos electrónicos que quedarán de lado pertenecían a Rómulo León Alegría.