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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector.
La moción, impulsada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, también plantea que el ministro del Interior explique la que considera una “ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad”.
El documento, de 12 páginas, cuenta con más de las 20 firmas requeridas y ya fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso.
Dicha moción incluye un pliego interrogatorio de 27 preguntas, de las cuales 15 se centran en la seguridad ciudadana y en las acciones implementadas por el Ejecutivo para combatir el avance de la criminalidad.
Asimismo, también cuestiona la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien, según el documento, “es investigado por corrupción” y continúa al frente de la institución durante tres gobiernos consecutivos.
La iniciativa también plantea que Astudillo explique la presunta designación irregular de Magali Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Mininter. Según la moción, la funcionaria tendría investigaciones fiscales pendientes por presunta corrupción de funcionarios, vinculadas a su anterior gestión como jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, durante el gobierno del expresidente José Jerí.
Posteriormente, la moción plantea que Astudillo responda si considera que está desempeñando un “rol significativo” en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pese al aumento de asesinatos y personas heridas vinculados a casos de extorsión y sicariato que afectan, entre otros sectores, a la construcción y el transporte.
La moción será evaluada y posteriormente debatida en la Cámara de Diputados antes de ser sometida a votación. De obtener los votos requeridos para su aprobación, se deberá establecer la fecha y hora en que Astudillo deberá acudir al Parlamento para responder por los cuestionamientos planteados.
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