Juzgado de Junín dilata caso que implica a Vladimir Cerrón

En febrero de este año, la Fiscalía logró que Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín (GORE Junín) y fundador/secretario general de Perú Libre, sea condenado a cuatro años de prisión efectiva, por colusión desleal, en el caso Aeródromo Wanka.

Sin embargo, el juez Guido Arroyo, del Sexto Juzgado Unipersonal de Junín, también ordenó que esta pena solo sea efectiva una vez se confirme en segunda instancia. Arroyo fue el magistrado que, en febrero del 2022, absolvió a Cerrón por un caso de presunta malversación de S/2 millones.

Por el momento, el perulibrista solo cumple determinadas reglas de conducta, entre ellas, no ausentarse de su lugar de residencia ni del país y realizar el registro del control biométrico, los lunes de cada semana, hasta la culminación del proceso penal con sentencia firme.

DILACIONES

Al menos seis audiencias han transcurrido, desde el cinco de julio, en torno a la segunda parte de este caso. Las diligencias se desarrollan en la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. Los jueces son Walter Chipana, Julio Lagones y Carlos Carhuancho.

En la última audiencia, realizada el 26 de julio último, se programaron otras cuatro audiencias. Una de ellas se realizará hoy, martes ocho de agosto, y las siguientes continuarán el 9, 15 y 17 del mismo mes a las tres de la tarde. La Sala ha estimado culminar todas estas sesiones a las 6:00 p.m.

En consecuencia, serán, en resumen, al menos diez interminables audiencias para decidir el futuro de Cerrón, quien ya tiene una sentencia anterior por delitos contra la administración pública (corrupción) y otras investigaciones en curso.

En el caso Aeródromo Wanka, aemás de la pena de cárcel, al exgobernador también se le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos, por cuatro años, y el pago de una reparación civil por S/2 millones 18 mil 180, la misma que deberá pagarse de forma conjunta con los demás sentenciados.

EL CASO

La Fiscalía sostiene que Cerrón y el representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García, suscribieron un contrato para la construcción de un aeródromo en dicha región sin tomar en cuenta la posición de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economía.

“Se transgredió la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas pues no se consultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y tampoco se contó con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil”, señaló el Ministerio Público.

La entidad destacó en su momento que dicha provincia ya contaba con un aeropuerto en Jauja, tal como señaló el Ministerio de Transportes, y que por ello no se vería beneficiado con una nueva construcción similar. Asimismo, resaltó que Cerrón y sus exfuncionarios “modificaron la autosostenibilidad del proyecto, situación que afectó la transparencia y legalidad, poniendo en riesgo el uso de recursos públicos”.

“Este acto ilícito se confirmó con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio del 2014, el que obligaba al Gobierno Regional de Junín a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada que ascendía a S/2´018,180″, precisó.