La exprocuradora Katherine Ampuero criticó la decisión de los jueces de la Sala Penal de Apelaciones Nacional -Rómulo Carcausto Calla y Sonia Torre Múñoz- que varió el mandato de prisión preventiva por el de comparecencia simple para tres representantes de las empresas socias de la constructora brasileña Odebrecht.
“Con esta decisión, el Poder Judicial y estos jueces han dado un grave retroceso en la lucha contra la corrupción”, opinó Ampuero.
En esa línea, cuestionó los fundamentos de los magistrados para liberar a los ejecutivos Fernando Camet Piccone (JJ Camet), José Castillo Dibós (ICCGSA) y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero). Este último, desde el fallo de prisión preventiva en diciembre del año pasado, permanecía en una clínica local.
“Los jueces no han valorado el acuerdo de la Corte Suprema en el que se determina que el lavado de activos es autónomo del delito fuente (colusión). Ellos dicen que como no hay suficientes elementos de convicción sobre colusión, tampoco lo hay para el lavado. Y en ambos delitos, la Fiscalía sí los ha presentado”, anotó Ampuero.
PRUEBAS
Además, señaló que la Fiscalía presentó el Acta General de Accionistas en el que se indicó el término “riesgos adicionales” como mecanismo para transferir utilidades de las empresas consorciadas al grupo Odebrecht.
“Este documento corrobora lo dicho por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht. ¿A cambio de qué los empresarios trasladaron sus utilidades para Odebrecht? Para el pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo a fin de adjudicarse la Interoceánica Sur”, remarcó. Sobre el delito de lavado, sostuvo que la transferencia de las utilidades de las empresas para las coimas constituye “un acto de conversión” de dineros ilícitos.
LIBERADOS
Los ejecutivos Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós abandonaron ayer el penal Ancón I.
