La reciente decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de incluir a la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, en la investigación fiscal seguida contra su patrocinada ha sido la gota que derramó el vaso para el fujimorismo.
Ayer, la defensora y su defendida reaccionaron ante esta medida judicial, solicitada por el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez Gómez, a la que calificaron como abusiva y arbitraria. Por ello, Loza anunció en su cuenta de Twitter que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener lo que, a su juicio, es una continua vulneración al derecho de defensa y al debido proceso por parte del fiscal Pérez y el juez Concepción.
“Informamos a la opinión pública que, ante la gravedad de las afectaciones en el proceso penal contra #KeikoFujimori, estamos solicitando a la CIDH medidas cautelares URGENTES para salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso”, dijo Loza en Twitter.
A la abogada se le acusa de “coaccionar” a personas para que testifiquen ante las autoridades que aportaron a la campaña presidencial de Fuerza 2011 y por ello fue incluida como investigada.Sobre esto, la abogada negó las imputaciones y sostuvo que, por el contrario, el fiscal Pérez pretende dejar a Keiko Fujimori sin defensa legal en la audiencia de apelación a los 36 meses de prisión preventiva, que se realiza hoy.
Instancia
En el documento enviado a la Comisión IDH, se precisa que el derecho vulnerado es el de “ser asistido por un defensor de su libre elección como elemento cosustancial del derecho de defensa, componente del derecho al debido proceso legal”.En otro párrafo, Loza indica que tanto ella como su defendida son víctimas de una situación de acoso y transgresiones sistemáticas por parte del fiscal Pérez, para impedir que Keiko Fujimori cuente con una abogada.Loza, en declaraciones a ATV+, advirtió la posibilidad de que, en el curso de las pesquisas en su contra, el juez le imponga una medida como la comparecencia restringida con el impedimento de poder hablar con los coimputados del proceso.