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Durante las últimas semanas, luego del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, regresó a la agenda nacional la demanda de los sectores radicales y de izquierda para convocar una asamblea constituyente, pedido recurrente en las violentas protestas de diciembre.
Esta iniciativa invita a analizar el contexto en el que surgió la actual Carta Magna de 1993, el porqué se ha mantenido hasta ahora y el importante rol que ha tenido su capítulo económico para el desarrollo del país.
EL ORIGEN. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori anunció, en un mensaje a la Nación, la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
La medida, calificada como un “autogolpe de Estado”, recibió el rechazo de la comunidad internacional, que presionó a Fujimori para que regularice la situación.
Fue entonces que, en junio del mismo año, el ahora recluido exmandatario anunció elecciones para lo que se llamó el Congreso Constituyente Democrático (CCD), cuyo propósito fundamental fue elaborar una nueva Constitución que reemplazó a la Carta Magna de 1979.
La convocatoria se hizo oficial con el Decreto Ley N° 25884, publicado a fines de agosto. La norma estipuló que el CCD sea “unicameral” y que tenga 80 congresistas.
Los comicios se desarrollaron el 22 de noviembre, proceso electoral en el que Acción Popular, el APRA, el Movimiento Libertad y algunos partidos de izquierda rechazaron participar.
Fueron 18 agrupaciones políticas las que compitieron, pero solo 10 lograron presencia en la asamblea: Cambio 90-Nueva Mayoría obtuvo 44 escaños; el Partido Popular Cristiano (PPC), 8; el Frente Independiente Moralizador (FIM), 7; Renovación, 6; el Movimiento Democrático de Izquierda y Coordinadora Democrática, 4 cada uno; y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Fenatraca), 3.
Finalmente, el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) consiguió 2 curules, mientras el Partido Solidaridad y Democracia y el Movimiento Independiente Agrario lograron, cada uno, un espacio en el CCD, cuya sesión de instalación se efectuó el 30 de diciembre de 1992.
La Comisión de Constitución realizó su primera sesión el 18 de enero de 1993 para comenzar el proceso de elaboración de una nueva constitución. La presidió el jurista Carlos Torres y Torres Lara y Enrique Chirinos Soto fue su vicepresidente.
Tras ocho meses de trabajo, el Congreso Constituyente Democrático concluyó la redacción de la nueva Carta Magna, aprobada por el Pleno el 3 de setiembre de 1993.
El 31 de octubre del mismo año se llevó a cabo un referéndum para ratificarla. En el proceso triunfó el “Sí”, con el 52,33%, mientras que el “No” obtuvo el 47.7%.
El 29 de diciembre de 1993 se promulgó la nueva Constitución Política.
TRASCENDENTAL. El texto introdujo cambios importantes que, entre otros puntos, favorecieron el crecimiento y el desarrollo macroeconómico del país.
La Constitución de 1993 estableció la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) e impulsó la inversión privada y extranjera mediante la protección de contratos, elementos que contribuyeron a reducir los índices de pobreza y pobreza extrema.
En diálogo con Correo, el economista Jorge González Izquierdo consideró que la Constitución de 1993, y sobre todo su capítulo económico, “ha cumplido hasta el día de hoy una función muy positiva para el desarrollo económico y social del Perú”.
El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo explicó que dicho alcance se observa en la data que muestra que “la pobreza bajó de 50% al 20% antes de la pandemia del año 2019, y la extrema pobreza pasó de 24% a 4 o 5% antes de la pandemia”.
Agregó que en los últimos años hubo tasas de crecimiento superiores al 5% promedio anual, que la inflación se mantuvo en 2.6% promedio anual y que las exportaciones alcanzaron entre el 20 y 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
En este último punto, añadió, que las exportaciones no tradicionales fueron “las que han mostrado un crecimiento mayor en todo el periodo entre 2000 y 2019″.
Respecto a los aspectos puntuales vinculados a la macroeconomía establecidos en la Constitución de 1993, González Izquierdo destacó, en primer lugar, la independencia del BCR y la apertura de la economía.
Nuestra Carta Magna establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado.
Agrega que el Estado asume un rol orientador, mas no efectúa actividad empresarial, salvo situaciones excepcionales.
“La independencia del poder político constituyó el factor principal del porqué la inflación, hasta antes de la pandemia, estuvo en un promedio de 2.6%. Esa independencia, y que se abriera la economía (son aspectos importantes). El promedio arancelario bajó sustancialmente. Hoy día el promedio arancelario en el Perú es menor al 10%”, precisó en diálogo con Correo.
El exministro sostuvo que los organismos reguladores, creados en amparo del proceso de privatización de la Constitución del 93 “han jugado un rol fundamental en el comportamiento de la economía peruana”.
Añadió que si bien el texto constitucional requiere de cambios puntuales, cuestionó que desde sectores políticos, como Perú Libre, exijan su modificación total o de elementos sustanciales del capítulo económico.
“Necesita algunos ajustes, pero ajustes. Lo que no necesita es un cambio total como propone la gente de Perú Libre. Eso no necesita. Tampoco hay que caer en lo que dice la extrema derecha, sobre que no necesita ningún cambio, no. Se necesita ajustar, como todas las cosas, cuando pasan los años, pero son ajustes, no cambios fundamentales”, puntualizó.
