La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) está en el centro de un debate que divide al Congreso sobre sus funciones y los controles para evitar excesos.
El tema había quedado fuera del pedido de facultades legislativas aprobado por Diputados, que redujo de 66 a 20 las materias solicitadas por el Ejecutivo.
Sin embargo, al revisar la propuesta, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos adicionales, entre ellos los cambios al sistema de inteligencia, pese a la ausencia e intento de sabotaje de legisladores de Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y el Partido del Buen Gobierno (PBG).
Cuestión
El texto ampliado plantea reforzar la capacidad operativa de la DINI, que ha tenido nueve directores en solo seis años, desde el régimen de Pedro Castillo hasta ahora.
Como se sabe, su creación ocurrió después de la caída del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desactivado en los 2000 tras difundirse videos de Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas y otros actores políticos.
Es así que en enero de 2006, la DINI nace con la Ley 28664, en el gobierno de Alejandro Toledo, para producir inteligencia estratégica y coordinar el sistema nacional.
Sin embargo, en 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se denunció que agentes consultaron información patrimonial de políticos, periodistas, empresarios y ciudadanos, entre ellos la entonces vicepresidenta Marisol Espinoza. La denuncia la hizo Correo.
El escándalo derivó en la censura de la primera ministra Ana Jara y en la reorganización temporal de la entidad.
Fue así como, en enero de 2017, la Ley 30535 restringió las funciones de la DINI a la inteligencia estratégica y dejó fuera sus actividades tácticas y operativas.
La reforma respondió a los cuestionamientos por presuntos seguimientos y por el riesgo de uso político de la información.
Desde entonces, la DINI está dedicada a identificar amenazas a la seguridad nacional, anticipar escenarios de riesgo y proporcionar información al presidente de la República y a las autoridades competentes para la toma de decisiones, bajo la administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Rotación
El contexto criminal que vive el país, ¿requiere de una mayor contribución de la DINI? Y, adicionalmente, tiene las armas legales para acometer ello. Su conducción ha pasado por diferentes manos desde el inicio del gobierno del expresidente Pedro Castillo, hace 6 años.
Como se recuerda, Castillo designó a José Fernández Latorre como su primer director en septiembre de 2021 hasta su despido en noviembre de 2022.
Tras su salida, Fernández difundió audios con Beder Camacho y acusó a Castillo de ordenar encubrir las fugas de su exministro de Transportes Juan Silva y de Fray Vásquez, su sobrino.
Aunque, el 3 de diciembre de 2022, Castillo nombró como director de la DINI a Wilson Barrantes, faltando 4 días para su intento fallido de autogolpe.
Barrantes duró en el cargo apenas 15 días tras la asunción de Dina Boluarte.
La nueva mandataria designó a Juan Liendo O’Connor, quien permaneció en el cargo hasta su renuncia en enero de 2023.
Su breve gestión estuvo marcada por sus declaraciones sobre las protestas contra el Gobierno, cuyos participantes calificó como “terroristas”.
En su reemplazo asumió Roger Arista Perea, quien permaneció poco más de un año en el puesto.
Su salida, en enero de 2024, ocurrió después de la agresión que sufrió Boluarte durante una actividad oficial en Ayacucho.
Posteriormente, en mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado solicitó iniciar diligencias preliminares contra él, el entonces premier Alberto Otárola y otros responsables por el presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos de inteligencia para realizar un reglaje al contralor Nelson Shack.
En ese lapso, Boluarte nombró a Luis García Barrionuevo, quien se mantuvo hasta febrero de 2025.
Su gestión terminó en medio de una crisis por la filtración de información sobre la compra de equipos de vigilancia electrónica de la DINI.
Según reportes periodísticos, los dispositivos estaban orientados, entre otros objetivos, a identificar cuentas críticas del Gobierno en redes sociales y ubicar personas en tiempo real.
Ante esto, Boluarte designó a Max Anhuamán Centeno, quien dirigió la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.
Anhuamán permaneció aproximadamente tres meses en la jefatura, hasta mayo de 2025. Luego asumió Alejandro Oviedo Echevarría, cuya gestión se extendió hasta marzo de 2026.
Luego, el Ejecutivo dio por concluida su designación y nombró a Yonny Ramírez Aguilar como nuevo director en marzo de este año.
Ramírez permaneció en el cargo hasta julio de 2026, cuando se produjo un nuevo relevo en el gobierno con José María Balcázar.
Ahora, la presidenta Keiko Fujimori nombró a Hugo Cornejo Valdivia para dirigir la DINI. Lleva 84 días en el cargo.
Conflicto
Parlamentarios aún debaten los límites que ostentará la DINI.
Harvey Colchado, diputado de AN y coronel en situación de retiro de la Policía, cuestionó que el ente reciba capacidades operativas sin controles suficientes.
“Entonces no se dan las condiciones de tener una unidad que intercepte las comunicaciones o haga vigilancias que estén fuera del alcance de un control legal”, declaró al portal OjoPúblico.
No obstante, el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) cuestionó los temores de la oposición. “En el año 92, por ejemplo, fue la inteligencia la que permitió la captura de la cúpula de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Le temen a eso?”, dijo a la prensa.
