Redacción Diario Correo

El Gobierno nuevamente prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Virú, Trujillo y Pataz, en la región La Libertad; para hacer frente a los altos índices delictivos que golpean a esa jurisdicciones.

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A través de los decretos supremos publicados en el diario El Peruano, se establece que dicha medida se aplicará en esas provincias a partir del 10 de marzo de 2025.

El Decreto Supremo N° 029-2025-PCM precisa que la disposición en Virú obedece a los índices delictivos por la comisión de delitos como homicidios, lesiones, robos, extorsiones y otros, se mantienen vigentes con tendencia al crecimiento, lo cual viene afectando la seguridad ciudadana y alterando el orden interno, así como el desarrollo económico y social de la población.

En tanto, en Pataz, el Decreto Supremo N° 030-2025-PCM señala que la medida obedece a la problemática de la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos en la provincia de Pataz que continúa afectando al orden interno.

En Trujillo, el Decreto Supremo N° 031-2025-PCM da cuenta que el estado de emergencia obedece a la criminalidad existente en esa provincia, en sus distintas modalidades, pues continúa presentándose un índice elevado de delitos de gran impacto (lesiones, homicidio y otros).

Asimismo, por presentar una tendencia al incremento en la comisión de delitos contra el patrimonio (extorsión, hurto, robo) cometidos por organizaciones y bandas criminales que utilizan armas de fuego y artefactos explosivos, lo cual perturba el orden interno.

Durante la prórroga del Estado de Emergencia se restringen y suspenden el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP.

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