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El Poder Judicial (PJ) revocó los 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, que se desempeñaban como asesores legales de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac). Ambos están acusados de extorsión y organización criminal en perjuicio de la empresa minera MMG Las Bambas.

La resolución judicial también alcanza a Carlos Vargas, quien trabajó como promotor en el área de Relaciones Comunitarias de la compañía minera y es considerado hombre de confianza de Jorge Chávez.

MEDIDA

El pasado 30 de abril, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, presidida por el juez René Olmos Huallpa e integrada por los magistrados Erwin Tayro Tayro y Reynaldo Mendoza Marín, evaluó el recurso de apelación presentada por los asesores.

Después de tres días, la Sala consideró que no existen elementos suficientes para la prisión preventiva. “Gregorio Rojas, en su condición de presidente de Fuerabamba, afirmó que los coinvestigados son sus asesores. Por principio de legalidad, no se puede penalizar (por extorsión)”, se lee en el documento.

Sin embargo, se dispuso su liberación bajo comparecencia con restricciones y reglas de conducta (Ver infografía).

¿JUSTICIA? 

Tras conocer la resolución, Gregorio Rojas Paniura dijo sentirse feliz y conforme. “Todos acá estamos muy alegres; por fin se hizo justicia. Ellos no cometieron ningún error y nosotros tampoco; solo defendieron al pueblo frente al abuso y atropello”, dijo a Correo.

Además, reveló que los hermanos Chávez Sotelo retornarían a sus puestos como asesores a la brevedad.

“Lo pide el pueblo, no mi persona. Esto ha sido aprobado por la asamblea y esto es lo que vamos a hacer”, resaltó.

Al respecto, Kevin Peña, defensa legal de los hermanos Chávez Sotelo, comentó que aún no ha conversado con sus patrocinados sobre esa posibilidad.

“Analizaremos jurídicamente el impedimento formal que dicta el juzgado, si es solo el acercamiento o también el impedimento de realizar cualquier acción legal a favor de ellos”, sostuvo.

El abogado añadió que los implicados, que están recluidos en el penal de Quencoro, en Cusco, desde el 6 de abril, estarían dejando la cárcel este lunes.

CRÍTICAS

En tanto, desde el Congreso se pronunciaron sobre la decisión judicial. Gilbert Violeta (CP) señaló que la liberación es un asunto fuera de la legalidad “que no se puede admitir”.

Mauricio Mulder (Apra) sostuvo que la liberación de quienes cometen delitos y fueron inculpados por organización criminal revela que el Ministerio Público es “un instrumento de poder”.

“Mientras esas personas que extorsionaban, pedían dinero y fueron grabadas se les libera, a los partidos políticos se les investiga por organización criminal”, comentó el aprista.

Por su parte, el legislador Wilbert Rozas (FA) remarcó que el PJ tiene autonomía y “hay que respetar”.

AMNISTÍA

Horas antes, el congresista Richard Arce (NP) presentaba dos proyectos de ley: uno que busca prevenir y evitar la criminalización de la protesta social y la “ley de amnistía en favor de aquellos que intervienen en protesta social en el ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas”.

La iniciativa del izquierdista es parte de la promesa que hizo a los comuneros para beneficiarlos por sus denuncias y procesos judiciales entre el 11 de mayo del 2011 y el 9 de abril del 2019.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, recordó que un parlamentario tiene la facultad de presentar propuestas legislativas.

“El Ejecutivo no tiene ninguna injerencia al respecto. Vivimos en un país de independencia de poderes”, resaltó.

Sin embargo, evitó dar mayor opinión sobre la reciente orden de liberación de los hermanos Chávez Sotelo.