Walter Ríos es sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: Agencia Andina)
Walter Ríos es sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina de Control de la Magistratura OCMA del Poder Judicial, presidida por la jueza suprema Mariem de La Rosa Bedriñana, propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) una nueva destitución en contra del expresidente de la Corte Superior de Justica del Callao Walter Ríos Montalvo, implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Asimismo, planteó otra en contra de la magistrada Ana Patricia Bouanchi Arias, jueza del Sexto Juzgado Civil de la misma corte, por graves faltas acreditadas que demuestran falta de idoneidad para el cargo.

En el caso de Ríos Montalvo, ha quedado acreditado que, en su condición de presidente de esa corte, demostró interés en cuatro expedientes que se tramitaban en la corte que presidía, contactándose con un ciudadano para que realice seguimiento a cuatro expedientes judiciales.

De esta manera intervino para que su trámite sea favorable a la parte que era de su interés. Esta investigación guarda relación con la actuación de la jueza Bounachi Arias, quien coordinó y concertó con Ríos Montalvo para que en el periodo vacacional de febrero de 2018, “atienda de manera preferente y exclusiva un expediente judicial”.

Dicho documento no estaba dentro de los procesos urgentes que debían ser tramitados en este tiempo. La magistrada desarrolló esta labor desde el primer día en que se hizo cargo del proceso, hasta el último día en que estuvo al frente del mismo.

La jueza en cuestión, en un solo mes, requirió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pago de 242 millones 601 mil 058.98 dólares a favor de una demandante bajo apercibimiento de multa, declaró improcedente la ampliación de plazo solicitada por dicho sector e improcedente la apelación interpuesta contra esta última decisión.

En este contexto, la jefa de la OCMA dictó una medida cautelar de suspensión preventiva en contra de los implicados, a fin de que no puedan ejercer cargo alguno en el Poder Judicial hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva sus situaciones jurídicas.