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Bastó un audio para que el ámbito judicial se remeciera en lo más profundo de sus entrañas. En julio se cumplirá un año de la divulgación de una conversación grabada entre el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, y su esposa, la abogada Maritza Sánchez, en el portal de IDL-Reporteros.
El diálogo sacó a la luz los lobbies del hoy preso magistrado a favor de la candidatura del entonces miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, a la presidencia de dicho organismo. Pero esa sería solo la punta del iceberg del golpe más certero que se haya dado en el país contra la corrupción en el sistema de justicia.
EL INICIO
En 2017, las fiscales de crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castro, investigaban a personas ligadas al narcotráfico en el Primer Puerto. Su caso, conocido como “Los Castañuelas del Rich Port”, se desviaría luego hacia otro sentido cuando, en un audio autorizado por el Poder Judicial, se escuchó cómo uno de los abogados de los implicados sostenía una conversación con un funcionario de la Corte chalaca para que lo favoreciera en un juicio.La madeja extendería sus hilos cada vez más, hasta llegar a funcionarios de la justicia peruana con la más alta investidura. Es allí cuando aparecen en escena el exjuez supremo César Hinostroza y los consejeros Velásquez, Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.
La trama alcanzó incluso al expresidente del Poder Judicial, César San Martín, quien pidió una “ayudita” a Ríos en un caso familiar.
Otro que no se salvó fue el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, al cual se denunció ante el Congreso; sin embargo, el proceso fue archivado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
Entre los involucrados también figuran los empresarios Edwin Camayo y Mario Mendoza, así como el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo. Del mismo modo, hay funcionarios judiciales y personas externas como Gianfranco Paredes, John Misha, Nelson Aparicio, Carlos Parra, Verónica Rojas, Jacinto Salinas, Víctor León, Juan Eguez, Fernando Seminario y José Cavassa.
A lo largo de las investigaciones, otros personajes aparecieron, como el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza y el juez supremo Aldo Figueroa. El primero es cuestionado por no responder y respaldar al fiscal Juan Carrasco sobre la casación que presentó Edwin Oviedo. Rodríguez es también quien deberá argumentar en la casación sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori. El magistrado ya tiene un pedido del equipo especial del caso “Lava Jato” para ser apartado de la investigación.
Por su parte, Figueroa tuvo que dar un paso al costado en el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, debido a los cuestionamientos por mantener conversaciones con César Hinostroza.
SE FUERON PRISIÓN
El 20 de julio del 2018, la Corte Suprema ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Walter Ríos; un mes después se la amplió a 36 meses. Medidas similares se ordenaron contra Paredes, Misha, Aparicio, Parra, Rojas, Salinas, León, Eguez, Seminario y Cavassa. Todos siguen presos.En octubre, la Corte Suprema dictó 36 meses contra el exconsejero Gutiérrez. Ese mismo mes se ordenó la detención del exjuez supremo César Hinostroza. Además, se formalizó una investigación preparatoria por los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y organización criminal. En noviembre se procedió con la extradición activa de Hinostroza, quien había fugado a España.
La Fiscalía sostiene que en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” se cometió el delito de organización criminal. La Ley 30077, en su artículo 2.1, señala que para que exista tal asociación delictiva se necesita un mínimo de tres personas, quienes deben mostrar una estabilidad y jerarquía propia de una organización criminal.
Para la Fiscalía, ello está más que probado, pues sostiene que existiría una trama conformada por tres estamentos: red interna, red externa y red de altos funcionarios.
