El sábado 4 de enero, las rondas urbanas de Cajamarca descargaron la furia de sus 'binzas' contra las bailarinas de los 'nightclubs' Alondra y Hula Hula. La 'binza' es un látigo hecho con los genitales trenzados del toro, que en los últimos años ha servido para "castigar" a ladrones, adúlteros, damas de compañía y todo aquel que –a criterio de estos grupos– cometa un delito o falta a la moral. Diez días después, más de 200 pobladores del Cono Norte de Arequipa ataron y apalearon a una presunta ladrona de 18 años.

Los casos no son exclusivos de ciertas regiones. Hace apenas una semana, los vecinos del asentamiento humano "7 de Octubre", en El Agustino, en Lima, golpearon a un presunto ladrón y violador, que luego fue paseado por las calles atado a una cuerda. Cansados de la inseguridad y la inacción de la Policía y el Poder Judicial, la población está tomando la 'justicia' por sus manos. ¿A dónde podría llevarnos esta situación?, ¿hasta qué punto pueden actuar los vecinos?, ¿cuán peligroso es el silencio cómplice del Estado? Las dudas las aclara el abogado Mario Castillo Freyre, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Vale diferenciar la justicia popular de los linchamientos o castigos de parte de grupos enardecidos o rondas comunales?

Sí, el artículo 149 de la Constitución contempla la justicia de las comunidades campesinas y nativas, circunscritas a su ámbito, y siempre que no se violen los derechos fundamentales. Todo lo que escape a ese marco es ilegal. Lo preocupante es la forma peligrosa en que se está malinterpretando. En el Perú siempre ha existido una desconfianza hacia la justicia ordinaria: se dice que no castiga a los delincuentes, que ellos salen muy pronto, que todo queda en la comisaría... Entonces, ¿qué hace el barrio? Captura a un ladrón para que no regrese mañana, y lo masacra o lo mata.

El Gobierno sabe que es ilegal, pero no hace nada por controlar la situación.

Porque no le da la importancia debida. Estos actos son evidentemente delitos, la ley no los permite. Fue muy preocupante, por ejemplo, el caso de los médicos 'serumistas' en Cajamarca (diciembre, 2013). Hubo un problema con uno de ellos en una discoteca y los ronderos los agarraron a palazos, violando sus derechos fundamentales. Pero lo que ya rebasó todo límite fue el caso del 'nightclub' de Cajamarca. Esta vez fueron rondas urbanas las que atacaron con látigos a las bailarinas. "Urbanas", de la misma ciudad, las que tienen el mismo valor que la ronda que usted y yo podríamos crear ahorita en Lince: o sea ninguno. Además, ¿qué ley dice que por bailar en un 'nightclub' debo ser azotado? Ninguna. Fotos: Miguel Paredes // Kevin Gavidia

Puedes leer la nota completa en la edición 144 de la revista

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