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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto la decisión sobre el recurso que presentó la defensa de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente por el Apra, para dejar sin efecto el allanamiento y la incautación de bienes que se realizó en su despacho congresal, su departamento y otros inmuebles por el caso Los Intocables Ediles.

Los magistrados Jorge Salas Arenas, José Neyra Flores e Iván Guerrero López escucharon esta mañana a la defensa legal de Luciana León, así como a los representantes del Ministerio Público antes de señalar que se pronunciarán sobre esta medida en el plazo de ley.

El abogado de León Romero, Bryan Kabsther, aseguró que las leyes establecen que se deben respetar los plazos de las diligencias preliminares en caso de investigaciones contra altos funcionarios como congresistas.

En esa línea, señaló que no se deben poder llevar a cabo incautaciones o allanamientos antes que se inicien procesos antes de una acusación constitucional en el Congreso. El proceso penal para estos funcionarios, ¿cuándo comienza? Con la acusación constitucional, eso ha quedado claro, aseguró.

En respuesta, la fiscal Jaqueline del Pozo señaló que las indagaciones preliminares contra Luciana León se han sustentado en varios elementos que alcanzan el nivel de sospecha simple de que se cometieron delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.

Las imputaciones contra la congresista se han sustentado con un nivel de sospecha inicial simple en base a declaraciones de hasta cinco aspiradores a colaboradores eficaces corroborados con actas de vinculación de teléfonos móviles, precisó la fiscal.

El Ministerio Público señaló que, si bien el Código Procesal Penal establece que el proceso por un presunto delito contra un parlamentario comienza en el Congreso y luego de una denuncia constitucional, no hay limitación a nivel de las investigaciones preliminares.

No imposibilita de modo alguno que la Fiscalía de la Nación, al momento de las diligencias preliminares, solicite la aplicación de medidas limitativas que restrinjan derechos, añadió.