La Defensoría del Pueblo consideró que sería “insostenible” la permanencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, en el cargo si se comprueba que llevó a cabo una reunión social no permitida, pese a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

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A través de un pronunciamiento, señaló que este hecho “constituye una gravísima acción” y que las explicaciones brindadas sobre el caso resultan, hasta el momento, “absolutamente insuficientes e injustificadas”.

“La reunión social que se habría realizado en el domicilio del ministro vulneraría el artículo 9 del Decreto Supremo n.° 131-2021-PCM, el cual taxativamente prohíbe la ‘realización de (…) reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares’. Por consiguiente, el citado funcionario y los demás asistentes a la reunión del 31 de octubre habrían infringido la medida impuesta por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19″, expresó.

“Cabe indicar que, sumado a ello, tal conducta también puede conllevar responsabilidad penal, dado que el artículo 292 del Código Penal sanciona a quienes violan las medidas impuestas por la autoridad para evitar la propagación de epidemias”, añadió.

La Defensoría también advirtió que se habría producido un conflicto de intereses dado que en la reunión social estuvieron presentes los abogados de Guillermo Bermejo (Perú Libre) y del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quienes actualmente afrontan investigaciones penales.

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Así, arguyó que tal hecho “reviste gravedad”, pues el ministro del Interior tiene bajo su dirección a la Policía Nacional, institución encargada de la investigación de los actos ilícitos que habrían cometido los citados ciudadanos.

Finalmente, la entidad enfatizó que debe tenerse presente que la reunión del ministro del Interior con dichos abogados, fuera del registro de actividades oficiales, “representa un riesgo para la objetividad de las investigaciones policiales”.

“Con base en lo expuesto, reiteramos la necesidad de preservar la máxima eficiencia en la administración estatal, lo cual exige a nuestras autoridades apartar de la función pública a aquellas personas que no sean idóneas para desempeñar sus cargos”, sentenció.

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