:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/R7UALKOM2BGZBPERSWHE77RC2M.jpg)
Marianella Ledesma, miembro del Tribunal Constitucional (TC), señaló que el fallo que declaró como fundado el habeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori “es una sentencia que valida la impunidad”.
En declaraciones a Epicentro TV, aseveró que el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017 fue producto de un intercambio de favores ilícito que usó el exmandatario para evitar se vacado del puesto en aquella oportunidad.
“Es una sentencia que valida la impunidad y sobre todo rompe la institucionalidad de las decisiones del Tribunal Constitucional. Este indulto [a Fujimori] ha sido el resultado de un acuerdo para blindar al señor PPK, hay un proceso penal en curso por este caso, hay un juicio por corrupción, por cohecho”, aseveró.11
“¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía, a los jóvenes? Que el fin justifica los medios. ‘Si puedo liberar a mi papá y puedo llegar a un acuerdo para protegerte de la vacancia al entregarte mis votos, a buena hora’. Ese es el mensaje que se ha dado y que desde el TC se ha blindado. La resolución administrativa que se está reviviendo, de indulto, es resultado de una actividad delictiva del cohecho. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público y el proceso penal que se está llevando a cabo”, agregó.
La decisión del TC
Como se recuerda, el último TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteó declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto a favor de Alberto Fujimori. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.
En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.
El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.
Cabe indicar que el exmandatario actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo (Ate).
La Corte IDH otorgó una semana de plazo al Estado peruano -hasta el 25 de marzo- para que remita sus observaciones sobre las medidas provisionales en relación al fallo del TC a favor del expresidente.
