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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y dos exministros de su gobierno por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 durante la emergencia sanitaria de 2020.
La decisión se tomó con 15 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación en abril de este año, también incluye a los exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), a quienes se les atribuye el presunto delito de colusión agravada.
Según el informe de la subcomisión, presidida por María Acuña (APP), los hechos habrían ocurrido entre marzo y abril de 2020, en plena crisis por la pandemia.
De acuerdo con la investigación, Vizcarra habría ordenado a la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, viabilizar la compra de pruebas rápidas mediante un decreto de urgencia de manera irregular.
Por su parte, Zamora habría favorecido técnicamente el proceso de adquisición, mientras que Alva gestionó la apertura de partidas presupuestales para concretar la transacción.
La admisión de la denuncia marca el inicio de una nueva etapa en el proceso constitucional contra el expresidente, quien ya enfrentó un juicio político en 2020 que culminó con su destitución por “incapacidad moral”. Sin embargo, esta es la primera vez que se evalúa una acusación penal en su contra relacionada con el manejo de la pandemia.
El trámite continuará en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si se levanta o no la inmunidad constitucional de Vizcarra para que enfrente una investigación fiscal.
El expresidente, por su parte, ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones, calificándolas como “persecución política”.
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