Andrea Pereyra

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) presentó una “ligera deshidratación” como consecuencia de la huelga de hambre que inició en protesta por el juicio oral en su contra, relacionado con el intento de golpe de Estado que habría orquestado en diciembre de 2022.

Así lo informaron dos médicos legistas que lo examinaron en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde su destitución.

Durante una audiencia realizada este martes, la especialista judicial de causas detalló que los médicos del Ministerio Público evaluaron al exmandatario en el tópico del centro penitenciario y determinaron que se encontraba “clínicamente estable”, aunque con signos de deshidratación leve. Este diagnóstico será formalizado en un certificado médico.

La jueza Norma Carbajal, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ordenó al director del penal de Barbadillo monitorear de manera periódica la salud de Castillo y adoptar las medidas necesarias para garantizar su bienestar.

Además, exhortó al expresidente a cesar su huelga de hambre, señalando que este tipo de protestas “comprometen de manera especial” a la administración penitenciaria, la cual tiene la obligación de velar por la vida y la salud de los internos.

Castillo, quien enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los cargos de rebelión y abuso de autoridad, inició la huelga de hambre como medida de protesta contra lo que considera una “injusticia” en su proceso judicial.

En un manuscrito difundido recientemente, el exmandatario denunció que la jueza Carbajal “ha adelantado su opinión, forzando el tipo penal de rebelión”, y reiteró su descontento con lo que califica como acciones “parcializadas” del sistema de justicia.

El expresidente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, un centro de máxima seguridad, desde su arresto en diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, acciones que fueron calificadas como un autogolpe.

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La jueza Norma Carbajal señaló que este tipo de protestas “comprometen de manera especial” a la administración penitenciaria.