Luego de conocerse que la comisión Lava Jato del Congreso se encuentra analizando 85 laudos arbitrales de empresas brasileñas con el Estado peruano, realizados entre el 2003-2016, en donde este último perdió cerca de 80 de ellos desembolsando más de 581 millones de soles en favor de los primeros, el congresista Miguel Castro (FP), consideró que era necesario investigar de manera separada este caso.
“En aras de transparencia y de salvaguardar los intereses del Estado, se debe formar una comisión especial que investigue los procesos arbitrales en donde participó el Estado o por lo menos teniendo en cuenta los que más nos costaron ya que en todo esto algo huele mal”, sostuvo el congresista, quien también es integrante de la comisión de Fiscalización.
Cabe indicar que, de acuerdo a la información vertida, 38 casos fueron vistos por el centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y 47 por el de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), pero lo más cuestionable sería que los miembros encargados del arbitraje hayan tenido vinculación con las empresas demandantes agrupadas en consorcios (Odebrecht con Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales)

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