El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) afirmó que viene brindando todas las facilidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional en el marco de la investigación a funcionarios del citado sector por presuntamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los gestores’. Aclaró que la indagación responde a hechos ocurridos en el 2018.

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A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, detalló que las diligencias se realizan en las oficinas del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y del Programa Nacional de Saneamiento Rural, adscritos al MVCS.

“El Ministerio de Vivienda expresa su repudio total ante los presuntos actos de corrupción y ratifica su disposición a colaborar con las indagaciones que conduce el Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades y se aplique todo el peso de la ley”, se lee en el pronunciamiento.

“El ministro Geiner Alvarado López tiene como principal bandera de trabajo la transparencia y la integridad, y enfatiza que no se permitirá que los malos funcionarios se beneficien indebidamente con los recursos públicos, que deben estar al 100% orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, principalmente de los más necesitados”, añadió.

Sobre el megaoperativo

Hasta el momento, unas 11 personas fueron detenidas en el megaoperativo que se realizó desde esta madrugada en cuatro regiones y que comprende 45 allanamientos, entre ellos a los ministerios de Vivienda y de Economía. Las acciones se vienen desarrollando en las regiones Lima, Cajamarca, Junín y Loreto.

En Junín fueron detenidas dos personas, en Cajamarca una y ocho en Lima. Según señaló, el jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Miguel Cayetano, las investigaciones por este caso, denominado Los Gestores, datan de 2018 con hechos probados que implican a una presunta organización criminal.

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Sobre el tema, el coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, explicó que la organización contactaba a alcaldes y gobernadores regionales para facilitarles la viabilidad de proyectos a cambio de dinero y gestionaba la entrega de recursos en los ministerios de Vivienda y Economía.

Los implicados, dijo, tenían contactos, por ejemplo, en programas nacionales de saneamiento. A la fecha se tienen mapeadas 11 obras, comentó el fiscal.

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