Ministro de Justicia niega tener sanciones penales y administrativas tras su paso por GORE Áncash

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, se pronunció sobre las denuncias presentadas en su contra por presunta negligencia en su desempeño como procurador del Gobierno Regional de Áncash entre mayo del 2017 y junio del 2018.

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A través de su cuenta en Twitter, aseguró que durante su gestión como procurador no ha tenido sanciones penales ni administrativas, y que asumió el cargo de procurador adjunto regional y encargado de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Áncash “en un contexto de inestabilidad política y desorden institucional”.

“Teníamos profundas carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios, que dificultaron la adecuada atención de la defensa. Sin embargo, a pesar de no ser el Procurador Público titular, se atendieron aproximadamente 8300 procesos”, subrayó.

Yldefonso Narro dijo reconocer la “labor ardua y sacrificada” de todos los procuradores del país porque “constantemente están expuestos a múltiples denuncias, las mismas que se enmarcan en el principio constitucional de la presunción de inocencia”.

“Como titular del Minjusdh, uno de los pilares de mi gestión es y seguirá siendo fortalecer la defensa jurídica del Estado, para que quienes defienden los intereses del país tengan los recursos necesarios para realizar una adecuada labor”, sentenció.

Según el diario El Comercio, pese a que Yldefonso Narro no lo consigna en su hoja de vida, su paso por la Procuraduría del Gobierno Regional de Áncash quedó registrada en la Resolución Ejecutiva Regional 0155-2017-GRA-GR/p del 12 de mayo del 2017 que lo puso a cargo de dicha oficina.

Desde entonces, la defensa legal del Gobierno Regional se convirtió en una andanada de casos perdidos. Tras una revisión de los expedientes, se determinó que en más de 70 casos el entonces procurador Yldefonso Narro no había cumplido con sus funciones.

Se trató de contenciosos administrativos, acciones de cumplimiento, obligaciones de dar sumas de dinero, procesos por remuneraciones salariales, pensiones, bonificaciones salariales para maestros, entre otros.

Entre los hallazgos realizados por el Gobierno Regional de Áncash se advierte que el ahora ministro de Justicia no contestaba las demandas y no presentaba apelaciones en defensa de la entidad a la que representaba, dejando consentir las sentencias en perjuicio de dicha institución.