Detalle. El fiscal Hamilton Montoro, recientemente retirado del Equipo Especial Lava Jato, manifestó ayer que encontró a uno de los abogados de la empresa Odebrecht en una reunión en el despacho del fiscal coordinador Rafael Vela a la que fue convocado.
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Montoro explicó que el hecho ocurrió en el segundo encuentro al que había sido citado luego de que se presentara en mayo pasado una queja por parte de la empresa brasileña. En ella, entre otros aspectos, se señala que el funcionario “no habría cumplido el mecanismo del acuerdo de colaboración”.
En entrevista con radio Exitosa, el fiscal indicó que a solicitud de la Coordinación, presentó un informe al Equipo Especial para absolver la queja formulada.
En dicho escrito -dijo- señaló su interés por “sacar adelante los casos”, que existía una intromisión a sus funciones por parte de los abogados de la empresa, así como la posición de su despacho sobre la sentencia de colaboración.
“Luego de eso, mi superior jerárquico me convoca hasta en dos reuniones. Una primera donde no se concretó nada con el doctor Vela y se hablaron de algunas generalidades. Y luego, una segunda reunión que esa sí, es la de relevancia diría yo. En esa reunión cuando me convoca en su despacho (Vela) me doy con la sorpresa de que estaba ahí el abogado José Alleman Floríndez”, relató.
“Yo a lo único que atiné es a escuchar a mi superior jerárquico por un tema de respeto, y él lo que señalaba es que se tiene que buscar una solución al pedido de los abogados de la empresa Odebrecht”, agregó.
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Montoro contó que el abogado se dirigió a él para disculparse y luego habría señalado “que allá en Brasil le están pidiendo que haya una respuesta positiva respecto de los casos que yo he aperturado (sic) investigación”.
PEDIDO
En ese contexto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó a los fiscales Hamilton Montoro y Rafael Vela que aclaren y sustenten las acusaciones públicas que formularon en los últimos días tras la salida del primero del Equipo Especial.
En cartas enviadas a cada uno, Ávalos sostuvo que dichos señalamientos afectan la imagen de la institución y “ponen en entredicho la probidad e independencia bajo las cuales se deben regir los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.