En el primer día de la declaratoria del estado de emergencia en Islay, la opinión sobre el tema del presidente de la República, Ollanta Humala, era más que esperada.
Y esa fue, obviamente, la primera consulta que le hizo la prensa al Mandatario en un alto de sus actividades en Piura.
Allí, Humala advirtió sobre los motivos de las protestas contra el proyecto Tía María en Islay y los intereses electorales de los agitadores del conflicto antiminero. Su puntería no dejó dudas y acusó, entre otros, a Sendero Luminoso.
“Hay una campaña de desinformación y de estigmatización de proyectos con fines ideológicos y muchas veces son con fines preelectorales. Hay gente que no es de la zona, ha venido de otras partes y está recorriendo las regiones del sur del país haciendo una campaña violentista. Muchos de ellos tienen vinculaciones con organizaciones terroristas como Sendero Luminoso”, declaró luego de inaugurar las obras de mejoramiento urbanístico en el distrito piurano de Castilla.
“Han pagado sus penas, pero no necesariamente nos garantizan que han cambiado su forma de pensar y de actuar. Hay que tener cuidado (con Sendero)”, agregó el jefe de Estado.
Añadió que su gobierno está obligado a garantizar la vida en común en paz.
“Y que la gente pueda salir a las calles y no le estén cobrando cupo o peaje, que no estén rompiendo e incendiando viviendas, vejando a algunas personas por pensar diferente”, aseveró.
ADRIANZÉN LO AVALA.
En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el nivel de violencia que se registró el viernes en Islay, y que originó la muerte de una cuarta persona por la protesta contra el proyecto cuprífero, “nos hace recordar los años más oscuros de violencia en el Perú”.
Destacó, durante una entrevista en RPP, que se empleó dinamita en el ataque contra la comisaría de Cocachacra y que la Policía se ha enfrentado a “fundamentalistas y violentistas”.
En el mismo sentido, el exdirector de la Policía Eduardo Pérez Rocha destacó que “no se está dando a conocer” la presencia de integrantes de Sendero Luminoso en la protesta contra el proyecto minero.
“Ahí está infiltrándose gente de Sendero Luminoso”, manifestó.
Afirmó que prueba de ello es el cántico “Llenaremos piscinas con sangre de los policías y la tomaremos en vasitos descartables”, que entonaban los protestantes en las imágenes que fueron difundidas por televisoras locales.
“Eso es netamente de gente subversiva”, sostuvo.
En opinión del policía retirado, se deben aprovechar estos días de emergencia para detener a estos dirigentes.
DíA UNO. Entre tanto, tras la declaratoria del estado de emergencia en Islay, la vía entre el puente Pampa Blanca y el distrito de Cocachacra permaneció bloqueada hasta las 10 de la mañana.
Sin embargo, al promediar la 1 y 30 de la tarde, cuatro camionetas de la Policía y tres camiones portatropas de las Fuerzas Armadas llegaron a la comisaría de Cocachara.
Aunque se observó tensión entre la población, los agricultores que cosechan arroz, a diferencia de los días anteriores, pudieron trabajar sus tierras.
En el lugar, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, supervisó las acciones relacionadas con el estado de emergencia y recorrió las comisarías.
Asimismo, informó que se detuvo a seis personas que cobraban cupos a conductores que se trasladaban de Pampa Blanca a Cocachacra.
De otro lado, el informe de necropsia realizado a Ramón Colque Vilca (54), cuarta víctima mortal tras las protestas, reveló que fue un impacto de bala en la parte derecha del tórax lo que le ocasionó la muerte.
El féretro del fallecido fue trasladado por una caravana desde la morgue de Mollendo hasta Cocachacra. “La sangre derramada jamás será olvidada”, coreaban los acompañantes.
El tránsito fue normal y los pobladores del distrito de Mollendo caminaron por las calles hasta horas de la noche como en los días anteriores al inicio de la protesta antiminera.
POSEMERGENCIA. En ese contexto, en Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani opinó que el Ejecutivo dilató la declaratoria del estado de emergencia.
“Se ha demorado mucho, pero finalmente se ha tenido que apelar a una situación de emergencia. Es un deber que tenía el Gobierno de hacer respetar el Estado de Derecho. Es un deber, no una opción política”, expresó en su programa Diálogos de Fe.
De igual forma, el exministro del Interior Miguel Hidalgo opinó que “hubo un poco de tardanza” por parte del Gobierno en la aplicación de la norma.
La otra cara de la moneda la mostró el líder de Tierra y Dignidad, Marco Arana, al rechazar la medida adoptada por el Gobierno. A su juicio, se está atravesando “una situación de agravamiento del conflicto con la declaración del estado de emergencia”.
“Que en este momento se haga una concesión a una presencia de las Fuerzas Armadas contra una zona civil va a ser a todas luces comprendida como una presencia desproporcionada. Eso no va a resolver el conflicto”, sostuvo.