Wilfredo Pedraza: Supuesto aporte económico que atribuye el fiscal no constituiría delito

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, aseguró este lunes que el “supuesto aporte” económico que habrían recibido su defendido y su esposa Nadine Heredia de parte del gobierno de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS -según la tesis de la fiscalía- no constituiría delito por haberse reglamentado recién en agosto de este año.

“Estamos afirmando que ese supuesto aporte que el fiscal nos atribuye constituye un tema vinculado con la Ley de Partidos Políticos o que, en todo caso, es una conducta atípica porque recién en agosto de este año en nuestro país se ha tipificado el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos”, afirmó a la prensa al finalizar una nueva audiencia de control de acusación.

Indicó que, “si se ha entregado dinero para la campaña política el año 2011”, se trata de aportes de privados a privados, “sin que se haya comprometido ningún recurso de carácter público”.

“No hay adenda ni contrato contra esa situación y, en consecuencia, ese supuesto aporte tendría que resolverse aplicando el procedimiento de investigación y sanción que existe en la Ley de Partidos Políticos del año 2002 y, en efecto, de esa ley lo que es evidente es que en agosto de este año en nuestro país […] recién se ha tipificado el delito de financiamiento ilegal”, detalló.

Wilfredo Pedraza consideró que “antes de agosto, cualquier asunto vinculado con financiamiento para partidos políticos resultaba una conducta atípica y solo debería regularse, investigarse y sancionarse en el ámbito administrativo”.

Además, el también exministro del Interior opinó que hay un “exceso” y un “uso abusivo” de pedidos de prisión preventiva de parte de la fiscalía en el marco de la investigación que realiza por el caso Odebrecht.

“Tengo la convicción absoluta que, en materia de prisión preventiva, hay un exceso, un uso abusivo de parte de la fiscalía. Es evidente que casi todas las prisiones preventivas o terminan con libertades por exceso de detención o terminan revocadas por una instancia superior”, dijo.

Aseguró que las solicitudes de prisión preventiva son "una forma simbólica de luchar contra la corrupción” que en realidad “lo que hace a mediano plazo es deslegitimarla”.

“Los privados de su libertad salen con un enorme daño a la familia, con un enorme daño personal y creo que habría que hacer lo que se hace en cualquier país del mundo democrático, la investigación tiene que hacerse sobre la base de elementos probatorios y en libertad, así que al final eso se decidirá”, acotó.