ONPE: ¿Cómo se supervisan los ingresos y gastos declarados por los partidos?

Durante los meses de noviembre y diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está enviando auditores a organizaciones políticas para supervisar el manejo de sus fondos.

En el Partido Morado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular, verifican el destino que se dio al dinero recibido del Estado para el periodo comprendido entre el primer día de enero y el 26 de julio de este año.

Simultáneamente, los auditores comprueban la veracidad de los reportes de ingresos y gastos correspondientes a las últimas Elecciones Generales 2021, presentados por esos cinco partidos y otros tres: Avanza País, Perú Libre y Juntos por el Perú.

La supervisión que lleva a cabo el organismo electoral consiste en la revisión de documentación contable y administrativa para cotejar los datos declarados con los que obran en poder de los partidos.

Si se trata de la contratación de un servicio, por ejemplo, se debe constatar que el gasto estaba previsto en el plan aprobado por la alta dirección partidaria; que fueron convocados, por lo menos, tres postores; que los postores estaban habilitados en la Sunat, y que la solicitud y el acta de conformidad fueron firmadas por la persona facultada para ello.

Si la organización política ha comprado equipos con dinero del Estado, la ONPE verifica que se encuentren en las instalaciones partidarias. Si declaró haber organizado una charla de capacitación, se exige desde la lista de asistentes hasta fotos del evento; y, si pagó por una investigación, se solicitará una evidencia de su publicación.

Con respecto a las Elecciones Generales 2021, también se examina la procedencia de los aportes, que sean bancarizados y que hayan sido registrados en la contabilidad partidaria.

En suma, la ONPE supervisa que se cumpla lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. En caso de infracción, los partidos son sancionados con multas o con la suspensión o pérdida del financiamiento público.