Ambos son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de tráfico de influencias. (Foto: GEC)
Ambos son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de tráfico de influencias. (Foto: GEC)

El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del presentador de televisión, Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, y de la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila.

El mandato debe ser ejecutado en un plazo de cinco días hábiles de recibida la resolución.

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Ambos son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de tráfico de influencias. La indagación preliminar se basa en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho en el 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana, para jugar en China.

Respecto al levantamiento del secreto bancario, se podría corroborar de posibles transacciones bancarias en las cuentas de los investigados, que den cuenta de algún donativo, beneficio o promesa para sí o para terceros durante o después de concluido el procedimiento de renuncia de la nacionalidad peruana de Roberto Siucho y, en su caso, corroborar algún incremento en su patrimonio injustificadamente.

En tanto, se ordenó que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) remita información, documentos y declaraciones de carácter tributario de los investigados correspondiente a dicho periodo.

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Además, la disposición judicial alcanza a la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP, que requerirá a las entidades bancarias, públicas y privadas, y otras del mismo rubro; informen si estos investigados son titulares de cuentas de ahorros, crédito, corrientes, personal y si registran cuentas mancomunadas con otras personas e informen sobre los movimientos realizados (depósitos, retiros, transferencias, etc.) en el periodo del 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de agosto del 2020.

Andrés Hurtado sigue detenido desde el último 22 de septiembre en la sede la de Prefectura de Lima, a la espera de la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley respecto al pedido de 18 meses de prisión preventiva de la Fiscalía.


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