Lo que semana atrás era un rumor finalmente ayer quedó confirmado, tras conocerse que la Corte Suprema anuló, con una inusitada celeridad, la condena de 6 años de cárcel que se impuso por corrupción contra el ex alcalde de José Leonardo Ortiz, Javier Castro Cruz.

El fallo fue dado por la Sala Suprema Penal Transitoria, presidida por César San Martín e integrada por los magistrados supremos Víctor Prado Saldarriaga, Duberlí Rodríguez Tineo, Jorge Luis Salas y Hugo Príncipe.

NUEVO JUICIO. Según el extracto de la parte resolutiva que fue colgada ayer en el portal web del Poder Judicial, se puede apreciar que los jueces supremos declararon "no ha lugar" a la absolución solicitada por el ex alcalde Javier Castro, registrada en el expediente 3339-2013.

No obstante, los magistrados de la Sala Suprema Penal Transitoria decidieron declarar "nula condena" emitida tan solo seis meses antes y ordenaron el inicio de "un nuevo juicio oral contra todos los condenados" en este juicio.

Con este veredicto, el ex alcalde leonardino dejará de ser un prófugo de la justicia, para pasar a ser nuevamente un procesado en este caso que lo llevó a refugiarse en la clandestinidad, tras ser condenado a seis años de cárcel.

EL CASO. El ex alcalde Javier Castro Cruz, junto a sus ahora ex funcionarios y representantes de algunas constructoras, fueron sometidos a juicio luego que el ex regidor Epifanio Cubas Coronado denunciara presuntos actos de corrupción en la ejecución de las obras en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Es a raíz de esta denuncia que la Fiscalía inició una investigación y basó su acusación en un examen especial que la Contraloría General de la República realizó a tres obras liquidadas al término de la gestión de Javier Castro Cruz.

Según el peritaje de la Contraloría, existió un perjuicio económico de 975 mil 628 soles por la mala ejecución de tres obras de pavimentación (en la calle Kennedy, parques Micaela Bastidas y Francisco Cabrera, y en la avenida Jorge Chávez), las mismas que estuvieron a cargo de las empresas Keint Construcciones SRL, Constructora Siglo XXI SRL y María de los Ángeles SCRL. Estas obras fueron ejecutadas entre los años 2002 y 2003.

LA CONDENA. Fue la Sala Penal Liquidadora Permanente de Chiclayo, integrada por los jueces superiores Magdalena Chávez Mella (Presidenta), Jimmy García Ruiz (Ponente) y Franklin Rodríguez Castañeda, que, tras siete años de juicio, el 10 de setiembre del 2013 condenó a varios acusados del delito de corrupción en agravio de la comuna de José Leonardo Ortiz.

Entre los condenados figuraba el ex alcalde de este distrito, Javier Castro Cruz, a quien lo hallaron culpable del delito de colusión y ordenaron su internamiento en el penal de Chiclayo (ex Picsi) por un lapso de 6 años.

Además, los jueces superiores impusieron para la condenado Javier Castro Cruz la inhabilitación por tres años para ejercer cualquier cargo público. La ex autoridad edil no se presentó a la lectura de sentencia y por ello pasó a ser un prófugo de la justicia desde esa fecha.

MÁS CONDENADOS. Junto a Javier Castro Cruz, también fueron hallados culpables los ex miembros del comité de licitación, Boris Sánchez Quispe y José Silva Sánchez; además de los representantes de las empresas constructoras que habrían concertado con el ex alcalde Castro Cruz y obtuvieron la buena pro, Junior Santa Cruz Acuña y Darío Acuña Peralta (hermano del presidente regional Humberto Acuña).

Para todos ellos los jueces superiores dictaron una condena de 4 años de cárcel efectiva, pero en amparo a la legislación vigente, se dispuso que cumplan su condena con 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) debió disponer.

Asimismo, aquel fecha el Colegiado fijó en 100 mil nuevos soles el monto de reparación civil que deberían haber pagado en forma solidaria los condenados a favor del Estado.

DESCONFIANZA. Vale resaltar que en parte de la resolución de la sentencia que leyó el juez superior Jimmy García Ruiz, al momento de condenar a los acusados, se refiere a que el ex alcalde Javier Castro habría manejado a los miembros del comité de licitación para dirigir el otorgamiento de las buena pro de las obras.

"El alcalde adoptó una conducta contraria a la confianza depositada por los electores del distrito, se alejó de los principios bajo los cuales debió orientar su gestión y además abusó de su cargo para manejar a los miembros del comité de adjudicación de obras y contrató a la persona que aprobó indebidamente valorizaciones de avances de obras y liquidaciones", señala la resolución que finalmente fue anulada por la Corte Suprema.

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