Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) a la “Adquisición de canilleras antimotín”, aprobada durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, reporta una “situación adversa” que podría afectar “los objetivos del contrato”, es decir: no proteger a los agentes. Contracorriente reveló que la CGR detectó que la empresa elegida para revisar la idoneidad de los equipos, Industrial Inspection Service SAC, no cuenta con la acreditación del Inacal “ni tiene la competencia técnica para certificar las pruebas exigidas en el contrato (...) situación que generaría incertidumbre en la calidad de los bienes adquiridos con el riesgo de no brindar protección al personal policial”.

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El informe de Control Concurrente No. 008-2023/OCI/0282/SCC de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la “Adquisición de canilleras antimotín contra impacto para el control de multitudes y disturbios civiles” presenta una situación adversa que podría afectar “los objetivos del contrato”, es decir: no proteger a los agentes.

El programa Contracorriente reveló que en octubre del 2022, el gobierno de Pedro Castillo autorizó la compra de 8900 pares de canilleras para la PNP. El ganador del proceso fue Mosana de Aranibar S.R.L. y el Estado pagó un millón 780 mil soles.

Esta empresa tenía 90 días para la entrega del producto y, según el contrato, se debía formar un comité de recepción para realizar las pruebas que permitan saber si lo que compró el gobierno era útil para la Policía.

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