El presidente Pedro Castillo es investigado por el Ministerio Público por presuntamente liderar una organización criminal. (Foto: Presidencia)
El presidente Pedro Castillo es investigado por el Ministerio Público por presuntamente liderar una organización criminal. (Foto: Presidencia)

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional suspendió, hasta este domingo 23 de octubre, la audiencia donde se evaluará el pedido prisión preventiva contra los integrantes del denominado ‘Gabinete en la sombra’ del presidente Pedro Castillo.

Según lo dispuesto por el juez Víctor Zúñiga Urday, la sesión se reanudará mañana a las 10:00 horas y se desarrollará hasta las 14:00 horas. Luego de un receso, deberá reanudarse a las 15:30 horas.

La medida alcanza a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa de Sarratea en Breña; Salatiel Marrufo (exasesor del sector Vivienda); Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros.

El último viernes el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, a través del despacho de la fiscal provincial Kelinda Janampa, ingresó el pedido de formalización de investigación preparatoria contra más de 20 investigados.

Junto a esta solicitud, se incluyó el pedido de medidas restrictivas contra ocho de los 20 investigados. El pasado 11 de octubre, el Poder Judicial había ordenado la detención preliminar por 10 días contra los investigados.

En el caso de Segundo Alejandro Sánchez, así como de Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Jeiner Cabrera, el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva.

Mientras tanto, contra Beder Camacho, exsubsecretario general de Pedro Castillo, se ha pedido comparecencia con restricciones. Esto también alcanza a los exasesores del mandatario Henry Shimabukuro, Eder Viton y Auner Vásquez.

Hasta la fecha, Segundo Alejandro Sánchez permanece en la clandestinidad, desde donde ha manifestado en redes sociales que no se entregará a la justicia.

Según la tesis de la fiscalía, en la estructura criminal, Sánchez Sánchez y Cabrera Fernández tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización, Marrufo y Vásquez en los coordinadores. En tanto, Castillo León cumplía el rol de operador.

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