El proceso judicial que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo, avanza.
Y es que el Poder Judicial (PJ) ordenó levantar el secreto bancario del exmandatario, así como de sus exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), este último prófugo de la justicia.
La diligencia está relacionada a las irregularidades que se habrían cometido durante su gestión en el Ministerio de Vivienda, Petroperú y en la concesión del Puente Tarata.
DETALLES
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dio luz verde al requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.
El período en que revisarán las cuentas de los implicados comprende el período desde el 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
La información bancaria de Castillo, Alvarado y Silva incluirá sus estados de cuentas, cuentas de ahorro, cuentas de inversión, importes que hayan recibido o abonado, transferencias locales y extranjeras, así como todo tipo de operación.
Para ello, se dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) se encargue del levantamiento del secreto bancario y que remita toda la información obtenida a la Fiscalía en un plazo de 30 días.
Cabe recordar que el 7 de diciembre por la mañana, el PJ evaluó en una audiencia reservada el pedido para levantar el secreto bancario.
LOS CASOS
El expresidente Pedro Castillo, al igual que los exministros Alvarado y Silva son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado peruano.
El primero cumple un orden de 36 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate, por los hechos de corrupción cometidos en su gestión; mientras que Geiner Alvarado está recluido en el penal Miguel Castro Castro.
Solo el exministro Silva tiene la calidad de prófugo desde el mes de junio de 2022.
De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario lideró una organización criminal que estaría integrada por exfuncionarios, familiares, allegados, entre otros.
El objetivo de la red era copar diferentes instituciones del Estado para obtener beneficios económicos.
La red criminal habría participado en una serie de hechos de corrupción que se han dividido en una serie de casos como: Gabinete en la sombra, ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Puente Tarata, Petroperú, Los Niños y Marka Group.
Por otro lado, hace unos días, los defensores del exmandatario presentaron dos hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC), recursos con los que pretenden obtener su libertad y restituirlo en funciones como presidente.
