La fiscal anticorrupción Rosario Kiko Palomino solicitó al secretario general de Palacio de Gobierno, Jorge Ricardo Alva Coronado, información documentada de su subsecretario, Beder Camacho Gadea.

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Según el documento publicado por Canal N, se pide un informe sobre la relación laboral de Camacho con Palacio de Gobierno y cuáles son los cargos que habría ostentado, señalando fechas y periodos.

También se solicitó remitir el legajo personal de dicho funcionario en original, copia certificada y/o fedateada, además de sustentar con documentos (MOF, ROF, circulares, directivas) las funciones que cumple.

Del mismo modo, se pide informar qué funcionarios del Despacho Presidencial estarían encargados del Sistema Administrativo de Abastecimiento durante el periodo 2019-2022.

Finalmente, se solicita indicar las contrataciones que se habrían ejecutado con la empresa Milabed SAC y Mega Medical SAC en el periodo 2019-2022, y los funcionarios que habrían estado a cargo de las mismas.

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Según el diario Perú21, en su última Declaración Jurada de Intereses (DJI), desde el 2015 Beder Camacho Gadea posee el 50% de acciones en Milabed S.A.C. Dicha firma tiene como gerente general a la ingeniera industrial Milagros Paz Canelo.

Precisamente, Paz Canelo figura como proveedora en el Despacho Presidencial a través de otra compañía llamada Asia Group EIRL. Además, el esposo de ella, Roberto Bravo Vigo, ha brindado servicios a la misma área mediante la sociedad Mega Medical S.A.C. Los años de las contrataciones fueron 2019 y 2020.

Al respecto, la Contraloría General de la República ha alertado la vinculación empresarial entre Milagros Paz y el actual subsecretario presidencial, quien tiene bajo su competencia el sistema administrativo de abastecimiento.

Cabe indicar que Beder Camacho Gadea es uno de los investigados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno, a raíz del caso del presunto gabinete en la sombra.

La investigación, a cargo de la fiscal provincial Irene Mercado Zavala, también alcanza a los funcionarios Biberto Castillo León, Jaime Idrogo Mejía, Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.