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El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, con la que se buscaba anular el procedimiento parlamentario que dio lugar a su vacancia, ordenar su libertad y disponer su restitución en el cargo de jefe de Estado.
El colegiado desestimó el recurso que el ciudadano José Ponce Quispe interpuso el 10 de marzo de 2025, al considerar que se había producido una presunta vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal.
En la demanda de hábeas corpus se sostiene que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia del exmandatario tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, formalizado mediante una resolución legislativa, es inconstitucional.
Según Ponce Quispe, el procedimiento de vacancia no respetó la exigencia de obtener 104 votos prevista en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que se encontraba vigente cuando ocurrieron los hechos.
Asimismo, la demanda sostiene que este caso no se encuentra comprendido en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones. Además, argumenta que el mensaje que leyó Castillo Terrones no llegó a configurar una situación de peligro para el Estado y que no se le brindó la oportunidad de rectificarse tras esos hechos.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional concluyó en su sentencia, a la que accedió RPP, que los cuestionamientos al procedimiento de vacancia presidencial no guardan una relación directa, concreta y negativa con la afectación del derecho a la libertad personal ni de los derechos conexos cuya tutela corresponde al hábeas corpus.
El colegiado también recordó que, en una sentencia anterior, ya había establecido que el Congreso actuó con legítima celeridad al declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional de emergencia y en defensa del orden constitucional que, según señaló, había sido vulnerado por el exmandatario.
El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, tras declararlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
Además, el exmandatario cumple mandato de prisión preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y otros, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
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