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El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sustentó la demanda competencial que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) por la disolución del Congreso de la República el pasado 30 de setiembre de parte del jefe de Estado, Martín Vizcarra.

En su ponencia, afirmó que el Poder Ejecutivo buscaba dominar al Parlamento “a una voluntad que no era democrática”, afectando el equilibrio de poderes.

“Poco a poco se buscaba dominar, básicamente, arrodillar al Congreso a una voluntad que no era democrática. Se estaba afectando el equilibrio de poderes”, aseveró Olaechea ante el tribunal.

Señaló que el Ejecutivo amenazó al Congreso con los plazos en la aprobación de las reformas presentadas y su contenido, buscando “perforar” el balance de poderes.

“Nuevamente se pide el adelanto [de elecciones] y en este caso el ministro de Justicia de entonces, el señor Vicente Zevallos, comienza a amenazar con el plazo y nuevamente con la fórmula que se había dado. No se seguían respetando los fueros e independencias que toda democracia marca, la democracia sindica el equilibrio de poderes. Se está buscando perforar ese balance”, dijo.

Agregó que el Ejecutivo “quería tener un Congreso sujeto, un Congreso sobre el cual pudiera disponer” y que el vehículo que encontró para esto fue la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, luego que el proyecto de adelanto de elecciones fuera archivado en la Comisión de Constitución.

“Es cuando fracasa este adelanto de elecciones que el Ejecutivo súbitamente encuentra otro vehículo para trata de doblar y dominar al Poder Legislativo. Es ahí que viene una nueva pretensión en la cual se dicta cuál es el contenido de la agenda, ya se interviene en cómo debe hacerse la agenda y se pide que se apruebe una ley que a luces vistas no puede ser retroactiva, que era la modificación del artículo 8 del Código Procesal del TC. Esta vez, groseramente, se ingresa dentro de los fueros del Parlamento […] Se interviene el Congreso de manera violenta”, expresó.

Pedro Olaechea negó que haya existido obstrucción de parte del Parlamento y resaltó que este poder del Estado aprobó los tres presupuestos presentados por el Ejecutivo, le dio tres delegaciones de facultades, y solo archivó el 2.9% de los proyectos presentados, a comparación con el gobierno de Ollanta Humala (4.4%) y de Alan García (11%).

Este miércoles, representantes del Ejecutivo y el Legislativo se presentan ante el pleno del Tribunal Constitucional (TC) para sustentar sus posiciones sobre la disolución del Congreso. En representación del Ejecutivo se presenta el procurador público Luis Huerta Guerrero, especializado en materia constitucional.