Peligro de fuga deberá ser valorado por el juez para liberar a Alejandro Toledo
Peligro de fuga deberá ser valorado por el juez para liberar a Alejandro Toledo

El expresidente tiene hoy una cita clave: En el edificio federal Phillip Burton en San Francisco, Estados Unidos, desde las 12 y 30 de la tarde, asistirá a la audiencia que determinará si continúa su proceso de extradición en una cárcel o si es puesto en libertad mediante el pago de una fianza. 

La solicitud está basada en las investigaciones que se le siguen por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cuáles son las probabilidades de que el exjefe de Estado sea liberado tras un pago? Según un informe elaborado por el estudio de abogados Foley Hoag, firma contratada por el Gobierno peruano para su representación en la audiencia, en el tratado de extradición entre Perú y Estados Unidos no se menciona ningún pago de fianza ni lo autoriza alguna ley.“

Por lo que la fianza debe ser denegada en los procedimientos de extradición en los que no existen circunstancias especiales, como alta probabilidad que se anule la extradición, problemas graves de salud o un inusual proceso de extradición”, sostiene el texto.Según el documento del que dio cuenta canal N, la firma Foley Hoag añade que “el fugitivo será puesto únicamente bajo fianza si la corte determina que no hay riesgo de fuga”.

Peligro

Sobre el riesgo de fuga, el juez tendrá en cuenta no solo el arraigo domiciliario, laboral sino, además, otros elementos que se revisarán durante la diligencia, como los antecedentes de Toledo, orientados a evadir la acción de la justicia.Como se recuerda, en febrero de 2017 se habló de la posible llegada de Toledo a Israel al aeropuerto Ben Gurión, en las afueras de Tel Aviv, en un vuelo procedente de San Francisco, de la compañía United Airlines.

El 12 de febrero de 2017, un portavoz oficial del Ministerio de Exteriores de Israel, confirmó lo siguiente: “El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú”.Unos días antes, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó en un comunicado que ya se logró que la Interpol proceda a activar la alerta roja a 190 países para la búsqueda y captura de Toledo, cuyo último paradero conocido era París, Francia.

Un caso complejo

Sobre el tema, James Rodríguez López, especialista en temas de extradición, explicó que el fiscal del distrito tendrá que exponer ante el juez federal las razones y fundamentos por los que Toledo debe quedar detenido en una cárcel.“Los fundamentos están basados concretamente en que Toledo es un prófugo de la justicia peruana, y que tiene una acusación en nuestro país donde se solicita 16 años y 8 meses de pena efectiva”, dijo a Correo.

El especialista sostiene que a los elementos mencionados se debe añadir el peligro procesal y los arraigos domiciliario y laboral.“Al parecer, Toledo ya no trabaja en la Universidad Stanford y esto agravaría aún más su situación legal y jurídica”, resaltó.En ese sentido, hizo una comparación con el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli. “A su peligro de fuga se le suman los medios económicos que tiene para fugarse, para evadir la justicia”, refirió Rodríguez.

También incluyó como detalle la doble nacionalidad que tiene Eliane Karp, esposa del exmandatario. “Cuenta con doble nacionalidad, tanto belga como israelí. Este último país no cuenta con un tratado de extradición con el Perú y, en caso de fugarse, sería casi imposible que pueda ser devuelto a nuestro país para rendir cuentas ante las autoridades judiciales”, indicó.

Añadió que sería conveniente que el representante del Ministerio Público que participará en la audiencia solicite la extradición de Karp. “Si bien el MP no participa, puede colaborar con la investigación, los medios probatorios y puede solicitar vigilancia policial a efectos de que no se fugue de Estados Unidos”, señaló.

A su turno, la abogada Romy Chang se refirió a la presunta persecución política que podría alegar el exmandatario en la audiencia. “Si ellos (el Departamento de Justicia americano) hubieran pensado que no hay un tema de fondo, un delito real, una afectación a un bien de la sociedad, no hubieran admitido a trámite la extradición”, sostuvo en RPP. 

También fue enfática en señalar que los dichos por un colaborador pueden ser ratificados por los dichos de otro. Esto último, en alusión a las recientes declaraciones del empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció que Odebrecht depositó $35 millones en sus cuentas como parte de las coimas para Toledo Manrique. “Cuando hablamos de un colaborador, hablamos de un indicio, de un elemento de prueba que puede ser contrastado con otros elementos”, resaltó. 

La audiencia

En suma, las opciones de Toledo no parecen sencillas. Desde las 12 y 30 p.m. (hora peruana), el juez de la Corte de California Thomas S. Hixson definirá primero si la audiencia de extradición será pública o reservada.Una vez determinado ello, se procederá con el inicio de la diligencia donde participará Toledo con su nuevo abogado, Joseph P. Russoniello, quien pertenece a una las firmas más prestigiosas de San Francisco y Los Ángeles.

Russoniello fue nombrado fiscal en EE.UU. de enero de 1982 a marzo de 1990.Del otro lado del mostrador, por el Perú estarán en la audiencia Elise LaPunzine, fiscal del distrito de California, que asume la solicitud de extradición, el estudio Foley Hoag LL.P. y el fiscal superior Rafael Vela Barba.Vela viajó ayer al mediodía, sorpresivamente, para estar presente en la sesión. 

La presencia del coordinador del Equipo Especial “Lava Jato” se da en respuesta a un pedido de la Autoridad Central estadounidense, que requirió el miércoles último que el Ministerio Público designe a un magistrado con conocimiento de la investigación. 

Su función será la de absolver todas las dudas que surjan por parte del fiscal estadounidense.Las audiencias de extradición en Estados Unidos suelen tardar 20 minutos. Sin embargo, por tratarse de un expresidente con tantos cargos en su contra y los elementos probatorios del cuadernillo, es posible que el proceso tarde cerca de una hora. La decisión del juez, la mayoría de veces, se adopta de manera inmediata y en algunos casos se posterga hasta el día siguiente. De ser una respuesta negativa para Toledo, tiene la opción de una apelación. 

Otros casos

Hay algunos antecedentes que pueden ser útiles para evaluar la política que en casos de extradición tiene EE.UU. El 11 de junio de 2018, el expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó a su país tras ser extraditado de Estados Unidos. Martinelli debía responder ante la justicia de Panamá por el cargo de espionaje contra opositores durante su gobierno. 

La acusación incluía malversar fondos para crear una red de espionaje que alcanzó a 150 personas durante su mandato, incluyendo a periodistas y políticos.Ese año, el vicesecretario de Estado decidió autorizar la entrega de Martinelli a Panamá bajo los cuatro cargos por los que fue solicitada su extradición.

Además, se rechazaron los argumentos que había presentado el equipo de Martinelli, en particular, los relativos al supuesto riesgo de ser torturado si es devuelto a su país.Al panameño se le negó el pago de la fianza al presentar riesgo de fuga por sus recursos económicos y sus contactos en otros países, y se tuvo en cuenta además la gravedad de los cargos en su contra. 

El exmandatario había sido detenido el 12 de junio de 2017 y estuvo preso en Miami, Estados Unidos, desde esa fecha. Su extradición tardó un año.El caso más reciente es el de Andrés Arias, exministro de Agricultura de Colombia, que fue extraditado el último viernes 12 de julio desde Estados Unidos.Sobre él pesa una condena de 17 años y medio por desvío de dinero. 

Fue arrestado el 2016 y en ese momento se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 10 mil dólares. Sin embargo, cuando concedió la extradición, el país norteamericano notificó a la Embajada de Colombia en Washington y escoltó a Arias a Bogotá en un vuelo privado, en el que estuvieron funcionarios del Cuerpo de Alguaciles.También existe el caso del primer expresidente en ser extraditado en América, el venezolano Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), quien fue enviado a su país desde Estados Unidos en 1963 por varios delitos de corrupción.