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La congresista Margot Palacios (Perú Libre), con el apoyo de la bancada oficialista, presentó un proyecto de ley en el que plantea que se le autorice al presidente de la República y al titular del Parlamento de turno convocar a una elección de representantes populares que integrarían una eventual Asamblea Constituyente.
Como sustento para la aprobación de esta propuesta, la legisladora indica que esta nueva norma serviría para superar la crisis económica, ambiental, política y social “generada por el fracaso del modelo económico e institucional que tiene como fundamento normativo la Constitución de 1993″.
En ese sentido, señala que esta iniciativa sugiere conformar la Asamblea Constituyente con 300 representantes, los cuales se encargarán de elaborar un texto para la nueva “Constitución Plurinacional de la República del Perú”.
Asimismo, Palacios detalla que uno de los artículos de esta ley sería la autoconvocatoria a esta reunión nacional para elaborar la nueva carta magna. Por tal motivo, se establece que a través de 1 millón de firmas se realizaría este llamamiento.
“Se declara y establece que es procedente la auto convocatoria a la Asamblea Constituyente Plurinacional de la República del Perú por iniciativa ciudadana en ejercicio de la soberanía popular, mediante la presentación de 1 millón de firmas debidamente verificadas por el Jurado Nacional de Elecciones. La convocatoria queda automáticamente formalizada al cumplirse con el requisito señalado”, se lee en el documento.
Además, proponen que la Asamblea Constituyente esté conformada por un 50% hombres y 50% mujeres. Del mismo modo, se establece que un 30% debe ser representantes de partidos políticos, un 25% representantes de pueblos originarios y el resto trabajadores de organizaciones sindicales, campesinos, población afroperuana, organizaciones de jóvenes y empresarios y emprendedores
La congresista de Perú Libre también recuerda que la actual Constitución, que fue elaborada durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori, se realizó, según dijo, después de un golpe de Estado y con un “uso arbitrario del poder”.
“La Constitución de 1993 fue, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico, pernicioso y corrupto del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos”, aseveró.
