Gustavo Petro
Gustavo Petro

Gustavo Petro, el presidente de Colombia declarado persona no grata por parte del Congreso de la República luego de comparar a las fuerzas del orden del Perú con los nazis, tiene un oscuro historial subversivo y de expedientes que proliferan en el sistema de justicia de su país.

Cuando cumplió 18 años, Petro decidió pertenecer al grupo guerrillero M-19, que luego protagonizara uno de los hechos más violentos en la historia del país: la toma del Palacio de Justicia, en pleno centro de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.

Durante dos días, los insurgentes retuvieron a 350 rehenes, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes.Tras el operativo militar para retomar el control del edificio murieron 98 personas y 11 más fueron declaradas desaparecidas, según reportaron los medios colombianos.Fue uno de los actos terroristas más crueles de Colombia.

De ese movimiento guerrillero que buscaba una supuesta justicia social, pero que terminó manchado de sangre, fue parte Gustavo Petro por un periodo de 10 años.

Él se encargaba de almacenar las armas robadas por el grupo, contó al New York Times Sandra Borda, profesora de ciencias políticas de la Universidad de los Andes en Bogotá.

DETENIDO. Gustavo Petro no participó en los hechos violentos de la toma de Palacio de Justicia debido a que estaba detenido por, justamente, portar armas de manera ilegal en su actividad con el grupo armado M-19.

La detención se produjo el 24 de octubre de 1985 en el barrio Bolívar de Zipaquirá por porte ilegal de armas que tenía relación con su actividad en el grupo armado M-19.

Según el diario El Espectador, un informe de las Fuerzas Militares señala que a Petro y a otras dos personas del movimiento guerrillero se les hallaron armas, cartuchos, seis bombas de fabricación casera, propaganda subversiva de la organización, documentos “de interés para la inteligencia militar”, brazaletes y una bandera del M-19.

SANCIÓN. Otro hecho cuestionable de la vida de Petro se dio en diciembre de 2013: Recibió una severa sanción de destitución en el cargo de alcalde de Bogotá y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el plazo de 15 años.

La sanción, ordenada por el entonces procurador general de la república, Alejandro Ordóñez, se impuso por irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana emprendidas por Petro en diciembre de 2012.

Ordóñez determinó que el alcalde había fallado al implementar un “innecesario” nuevo modelo de recolección de basura “por fuera de la ley” y “de manera improvisada”.

”Él (Petro) sabía que sus decisiones eran irregulares”, declaró Ordoñez a la prensa de su país. Petro replicó que la sanción recibida se trataba de “un golpe de Estado sobre el gobierno progresista en la ciudad de Bogotá”.

Sin embargo, Petro fue repuesto en el cargo, tras una medida cautelar concedida por el Consejo de Estado colombiano el 13 de mayo del 2014.

El Consejo anuló la sanción de destitución e inhabilitación, tras acoger las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al Estado colombiano, en el sentido de que la sanción de destitución e inhabilitación impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo.

FAJOS. Años más tarde, en noviembre de 2018, se reveló un video que data del 2005, en los que se vio a Gustavo Petro recibir fajos de dinero en una bolsa negra, que sumaron una cantidad de casi cinco mil dólares por parte de Juan Carlos Montes, exfuncionario de la alcaldía de Bogotá.

La revelación tuvo como escenario el Parlamento, en donde en medio de un acalorado debate por el caso Odebrecht, la entonces parlamentaria Paloma Valencia dio cuenta de este material audiovisual en presencia del mismo Petro.

Por estos hechos, la Sala Especial de Instrucción de la Corte abrió una investigación preliminar contra Petro para indagar si existió alguna irregularidad.Petro minimizó los hechos y calificó que se trató de una “imprudencia”.

“Tengo que pedirles perdón a mis electores por haberme puesto a recibir dinero en efectivo. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y no lo fui”, dijo Petro.

Explicó que dicho dinero provenía del arquitecto Simón Vélez a quien se le solicitó un préstamo.Sin embargo, Vélez negó haber prestado dinero para la campaña de Petro a la presidencia de 2010, pero aclaró que sí le ayudó buscando aportantes.

Entre la nebulosa, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema archivó el caso por prescripción, debido a que se trataba de un hecho de 2005 y no de 2010 como refirió el arquitecto Simón Vélez.