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Nadine Heredia puede respirar tranquila. El 43 Juzgado Penal de Lima declaró ayer fundado en parte el hábeas corpus que presentó contra el fiscal Ricardo Rojas León, quien la investigaba por supuesto lavado de activos.
La decisión judicial señala que no se le podrá investigar a la Primera Dama por hechos que anteriormente fueron archivados; asimismo, considera que de iniciarse una nueva investigación por este caso “se vulneraría el principio de que no puede haber doble persecución”.
La jueza María Niño Palomino se refiere a la investigación que se inició contra la esposa del presidente Ollanta Humala por la procedencia y destino de los dineros recibidos entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009.
La magistrada consideró que “se trata de hechos ya decididos, los que tienen carácter inamovible, por lo que de iniciarse una nueva investigación por este caso se vulneraría el principio Non bis in idem (no puede haber doble persecución)”.
La magistrada detalla en su resolución que “está acreditado el origen lícito de las transferencias de dinero de la demandada (Nadine Heredia) en el periodo 2005-2009”.
Cabe precisar que la jueza Niño Palomino tomó en cuenta que en el 2010, el entonces fiscal superior Mateo Castañeda archivó en segunda instancia la investigación seguida por presunto lavado de activos contra la hoy presidenta del Partido Nacionalista.
Como consecuencia de la resolución judicial, la Primera Dama no podrá ser sometida a pesquisas por el dinero que le transfirieron su madre, Antonia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón, luego de que ambas recibieran transferencias de miles de dólares de la empresa venezolana Kaysamak.
Nadine tampoco podrá ser investigada por los supuestos pagos que recibió del empresario Martín Belaunde Lossio, y de su padre, Arturo Belaunde Guzmán, como los US$51,480 por un estudio sobre palma aceitera.
En el 2008, Nadine Heredia también recibió US$ 30 mil de la empresa Soluciones Capilares, vinculada a Belaunde. Y para el 2009, más de US$216 mil ingresaron a su cuenta, según los reportes de la Fiscalía.
La jueza, finalmente, declaró infundado el hábeas corpus en todo lo posterior a la fecha señalada.
APELACIÓN. Fuentes de este diario confirmaron que el fiscal Ricardo Rojas León apelará esta polémica decisión judicial y con ello el caso sería resuelto por una Sala de la Corte Superior.
El abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, señaló que el fallo confirma que hubo “violación al debido proceso por parte de la Fiscalía”.
“Ha quedado demostrado que el fiscal cometió una irregularidad al momento de abrir esta investigación sin ninguna prueba nueva”, sostuvo.
Refirió que hay algunos aspectos del hábeas corpus no admitidos, razón por la cual analizarán la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, para que ese recurso sea aceptado íntegramente.
Cabe precisar que tras la decisión judicial, solo siguen en pie las indagación por las compras de Antonia Alarcón, madre de Nadine, la compra-venta de la empresa Todo Graph y la tarjeta de crédito de Rocío Calderón, cedida de manera poco clara a la Primera Dama.
PASADO. Cabe precisar que en el 2005, la jueza María Niño Palomino, entonces titular del Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo, decidió no abrir instrucción contra el exalcalde de esa provincia pucallpina, Luis Valdez, por el asesinato del periodista Alberto Rivera en el 2004.
Ese mismo año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una resolución que fue enviada al Poder Judicial y el Ministerio Público de Perú, para exigir que el juicio contra los asesinos del citado hombre de prensa “se lleve a cabo de manera imparcial”.
CON PALO. La oposición no fue ajena a este caso. Para el legislador Carlos Bruce, la decisión del Poder Judicial demuestra que el sistema judicial esta “muy mal” y que hay un evidente favorecimiento a la Primera Dama.
“Nadine Heredia debió acudir a lo que hacemos los demócratas y enfrentarnos a la opinión pública como todos, que pena que recurra a un hábeas corpus para limpiarse”, declaró.
Por su parte, el legislador Yonhy Lescano declaró que la aceptación del hábeas corpus “consolida la impunidad en el país”.
“Paralizar esta investigación con una garantía constitucional es un atropello a la población, puesto que cualquier persona que aspira a la función pública debe aceptar ser investigado por un tema de transparencia”, dijo.
En tanto, el legislador nacionalista Santiago Gastañadui saludó la decisión judicial, porque dijo que le permite a la población “tener esperanza en nuestras instituciones”.
“La jueza ha actuado de manera independiente y autónoma y no se ha dejado presionar por un fiscal que, sin mayor fundamento, quería romper un principio jurídico. El Poder Judicial le ha dado la razón a la Primera Dama y hay separación de Poderes”, dijo.
